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Vecinos de Villarejo ponen su ganado a salvo del incendio que se declaró el 14 de Agosto en Navalacruz (Ávila). EFE/Raúl Sanchidrián

La aplicación estricta de la Ley de Montes estatal y su desarrollo en la de Castilla y León supondría que los extensos pastos afectados por el reciente incendio de la provincia de Ávila quedaran sin uso ganadero y cinegético los próximos 5 años, aunque los ganaderos confían en que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente levante esa suspensión en los próximos meses con los argumentos que prevé la misma norma.

Este asunto está enmarcado en la Ley de Montes estatal, que en su artículo 50 encomienda a las comunidades autónomas que garanticen en sus normativas las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, hasta el punto de prohibir el cambio de uso forestal en 30 años tras el fuego y también “toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el periodo que determine la legislación autonómica”.

Es en este punto donde entra en juego el artículo 92 de la Ley de Montes de Castilla y León, que detalla en su primer apartado que “los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en los montes que hayan sido objeto de un incendio quedarán suspendidos de manera automática y sin derecho a compensación durante un período de cinco años en los terrenos afectados“.

Fuentes de la Junta de Castilla y León, pero también de las organizaciones ecologistas y agrarias consultadas por la Agencia EFE coinciden en que este redactado se incluyó en la ley como prevención y freno a la posible tentación de los ganaderos por ampliar las zonas de pasto prendiendo el bosque o simplemente para fertilizar el terreno -esta última práctica cada vez en más desuso por su peligro y prohibición-.

Este espíritu de la norma es aplaudido por los ecologistas y defendido por la Junta como una apuesta por el futuro, mientras que es criticado por los representantes de los profesionales agrarios, ya que entienden que nadie más que ellos están interesados en tener el monte disponible para su aprovechamiento.

Pero la propia norma autonómica, en el mismo artículo 92, introduce una salvedad: “la consejería competente en materia de montes -en este caso la Consejería de Fomento y Medio Ambiente- podrá autorizar el levantamiento de dicha suspensión cuando se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre”.

En declaraciones a Efe, el director general de Patrimonio Natural de la Junta, José Ángel Arranz, ha explicado que este artículo se aplica de forma automática, especialmente para prevenir que en los próximos meses el terreno pueda ser pisado y removido y eso pueda dificultar su regeneración, que es el la prioridad en estos momentos.

Ha confiado en que una amplia superficie de la afectada por el incendio, precisamente la de pasto y matorral, la regeneración se puede producir “bastante rápido”, en función del daño subterráneo que haya causado y también de la cantidad y tipo de precipitaciones que puedan llegar en los próximos meses.

El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, ha sostenido que “la mejor regeneración para el bosque es que haya ganadería”, en referencia a la limpieza de maleza y el abono natural para muchas especies de flora que suponen los excrementos del ganado.

Este representante agrario y otros ganaderos consultados por EFE no recuerdan casos en los que la Consejería haya impedido aprovechar el pasto tras un incendio, por lo que confían en que el del incendio declarado entre los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora no sea el primero, más aún cuando el carácter accidental del mismo parece claro -el incendio de un vehículo en la carretera-. “Que pague el pato el ganadero no tiene sentido“, ha planteado González Palacín.

En eso coinciden también las fuentes ecologistas, al entender que parece claro que en este caso no hay un interés por parte de los ganaderos para ampliar su zona de pastos, pero han defendido que la norma se mantenga como en la actualidad para evitar que esa práctica se ejerza.

De la misma opinión es el director general de Patrimonio Natural, quien ha destacado que las leyes han de redactarse para “el largo plazo” y no por circunstancias particulares y “en caliente”.

La movilidad del ganado a otras zonas de la provincia de Ávila, el suministro alternativo de pienso, forraje y paja ofrecido tanto por ganaderos de otras zonas como por la propia Administración autonómica van a tratar de parar el primer golpe de este incendio para los ganaderos de la zona arrasada, pero cuando la naturaleza realice su casi mágico trabajo y los campos quemados reverdezcan habrá que plasmar en la práctica la letra de la ley.

Ecologistas y organizaciones agrarias coinciden también que, en función de la climatología de los próximos meses, el manto verde en la zona quemada puede volver a apreciarse en la próxima primavera, por lo que será en ese momento cuando los ganaderos comprueben si pueden o no acceder a este aprovechamiento.

La clave, si se observa lo previsto en la ley y el planteamiento expresado por la Junta, es que “se acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestre“, algo que los ganaderos dan por hecho, mientras que las organizaciones ecologistas miran con más recelo, al entender que hay especies que necesitan de más tiempo para recuperar su espacio perdido.

Por su parte, el representante de la Junta de Castilla y León consultado por Efe ha confiado en que los pastos afectados puedan volver a utilizarse pronto, aunque ha insistido en que debe cumplirse con lo previsto en la normativa, una vez que otra de las claves de este problema, que los terrenos quemados no queden excluidos de las ayudas de la PAC, ha sido garantizada por la Junta.