Un total de 28 magistrados de juzgados de lo Mercantil y de audiencias provinciales, además de dos letrados de la Administración de Justicia, analizaron ayer en Burgos los efectos de la reforma de la Ley Concursal que entró en vigor hace justo un año. Desde ese momento, los concursos de acreedores de personas físicas se han disparado un 90 por ciento en Castilla y León, ganan terreno con respecto a los de empresas y representan ya cuatro de cada cinco solicitudes que se presentan. Los expertos atribuyen esta subida a un mayor conocimiento por parte de la población de la posibilidad de cancelar determinadas deudas a través del mecanismo de Segunda Oportunidad y a la confianza en el sistema.
Los concursos de empresas comienzan a frenarse por el impulso que otorga la nueva ley a la fase preconcursal, con herramientas para buscar la continuidad de las compañías con problemas de liquidez sin necesidad de acudir al juzgado. Importantes juristas debaten sobre las consecuencias de esta reforma en el Congreso de Reestructuración de la Deuda de Burgos, organizado por la empresa especializada en liquidaciones concursales Trademat, los días 21 y 22 de septiembre.
“La Segunda Oportunidad como mecanismo para exonerar deudas a particulares ya existía, pero con la reforma de la ley se comenzó a hablar más de ella y ahora ya se conocen sentencias que han cancelado deudas muy elevadas aplicando esta normativa, lo cual ha favorecido sin duda que más personas opten por solicitarla, y para hacerlo es necesario declararse en concurso de acreedores”, explicó el director y cofundador de Subastas Trademat, Luis María Arnaiz, quien añadió: “Hablamos de una exoneración bajo ciertos requisitos que un juez tiene que acreditar, como la imposibilidad de satisfacer esa deuda o que el interesado actúe de buena fe”.
Las deudas más habituales a la hora de acogerse a la Segunda Oportunidad son los créditos al consumo, préstamos personales o microcréditos. Los créditos de derecho público -deudas contraídas con el Estado- no se pueden exonerar, pero en aquellas con Hacienda o con la Seguridad Social es posible cancelar los primeros 10.000 euros.
En general, los concursos de acreedores aumentaron en Castilla y León un 72 por ciento en la primera mitad de 2023 con respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 330 solicitudes, según los últimos datos del Colegio de Registradores de España. La diferencia se observa entre aquellos solicitados por personas físicas, que se dispararon un 90 por ciento y que ya representan cuatro de cada cinco peticiones, y los presentados por empresas, que ascendieron un 17 por ciento en el mismo tiempo.
En el conjunto del país la desigualdad es aún más clara: los concursos de particulares crecieron un 84 por ciento y los de sociedades descendieron un 17 por ciento. A nivel nacional se contabilizaron un total de 10.829 solicitudes en el primer semestre del año. En apenas dos años, las empresas han pasado de representar dos de cada cinco de los concursos que se declaraban a nivel nacional a una de cada cinco.
