La Junta afirma que sólo tiene pagos a dos de las 165 empresas investigadas

La consejera de Hacienda abre las comparecencias de los diez consejeros en las Cortes y asegura que todos los contratos son “limpios” y se atienen a la legalidad.

3

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, aclaró ayer en las Cortes regionales que la Junta sólo ha realizado pagos a dos de las 165 empresas presuntamente investigadas por la Audiencia Nacional dentro de la operación ‘Púnica’, al tiempo que defendió que todos los pagos realizados a Cofely derivan de “relaciones contractuales normales”.

Del Olmo abrió el turno de comparecencias en las Cortes de los diez consejeros de la Comunidad que detallaron por áreas el pago de un total de 5,72 millones de euros a la empresa entre los años 2002 y 2014.

En su intervención, insistió en que la Junta no ha recibido comunicación de los órganos judiciales en relación a esta investigación, aunque, como reseñó, con sus explicaciones en las cortes el Gobierno quiere contribuir a que los “comportamientos corruptos, deshonestos o ilícitos de determinadas personas se aclaren sin perjudicar a las organizaciones y personas honradas”.

Según los datos aportados por Del Olmo entre 2002 y 2014 se realizaron desde el Ejecutivo regional pagos a la empresa Cofely Contracting por importe de 294.346,95

euros y a Cofely España por 5,43 millones de euros, lo que suma un total de 5,7 millones de euros.

La consejera adelantó además que Cofely España SA se presentó en el procedimiento de licitación convocado en septiembre de 2014 para la realización de las obras de construcción del Centro de Proceso de Datos en el Hospital Militar de Valladolid, una solicitud que fue admitida al entregar la documentación exigida por el pliego de condiciones de “forma correcta”.

Corrupción

Asimismo, explicó también que los pagos realizados por el área que dirige, de 160.353 euros, fueron para la integración energética de un complejo administrativo adjudicado en mayo de 2010 por 157.860 euros. A este respecto, defendió la adjudicación de la obra y destacó que tras seguir los cauces administrativos pertinentes la oferta más ventajosa fue la de Cofely Contracting con una baja del 20,29% respecto al presupuesto de licitación.

En el debate el portavoz de Hacienda en las Cortes, José Francisco Martín, reclamó datos de otras empresas entre las que citó a Elyo Ibérica y Dico, ante lo que la consejera detalló que Elyo es una denominación anterior de Cofely, por lo que las cifras ya están incluidas.

No obstante, José Francisco Martín consideró que las comparecencias de los consejeros parecen un ‘Rock show’ con diez en un día, tras lo que acusó al PP de “haber generado el caldo de cultivo de la corrupción en España” al dar explicaciones de otras adjudicaciones en otros casos, donde puso como ejemplo Gescartera, entre otros.

El consejero de Economía, Tomás Villanueva, defendió también que estos procesos se desarrollaron desde la “estricta legalidad” con procedimientos abiertos desde criterios “claramente evaluables” y resueltos en una mesa de contratación y aseguró que en las adjudicaciones realizadas a la UTE de la que formaba parte Cofely ofrecía mejoras respecto a las otras empresas que optaban.

En su intervención, insistió en que se han realizado comprobaciones en todas las empresas y fundaciones públicas de adjudicación a esta empresa y han sido “negativas”. “Estamos cansados de que se nos juzgue mal, no tenemos que estar en duda de nadie, intentamos hacer las cosas bien, las estructuras de la administración funcionan”, aseveró.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, propuso llegar a un gran pacto para la transparencia y la lucha contra la corrupción a raíz de la presentación hoy en el Consejo de Gobierno de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana en la Administración.

Tramitación

Éste será el primer paso de esta normativa, que próximamente pasará a tramitarse en el Parlamento regional, por lo que el consejero manifestó su deseo de que los grupos políticos puedan “ser capaces de llegar a un gran pacto” por la transparencia en relación con esta nueva ley.

“La transparencia es el mejor antídoto para evitar las prácticas corruptas”, subrayó el portavoz, quien ensalzó la iniciativa del Gobierno regional de que los consejeros den explicaciones en esta ronda de comparecencias y aseguró que el Ejecutivo central ha recomendado a otras administraciones que tomen medidas similares.

Por último, la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, detalló que el Instituto Tecnológico Agrario adjudicó desde 2009 hasta 2014 cuatro contratos a Cofely por procedimiento negociado sin publicidad en un primer momento y luego por libre acceso, algo calificado de “extraño” por PSOE y por Grupo Mixto.

Clemente insistió en que estos contratos se “ajustan a la legalidad” y explicó que en 2009 se abrió un procedimiento negociado sin publicidad por parte del ITACyL para adjudicar la asistencia técnica de todos los centros del instituto.

Mediante este procedimiento se invitó a presentar propuestas a tres empresas tras evaluar su “capacidad y solvencia”, que fueron Axima, Ferrovial y Elyo Ibérica. Tras analizar las propuestas finalmente se adjudicó a Elyo Ibérica.