La Comunidad se debate entre el recelo y la cautela ante el proyecto de reforma local de Montoro

Martínez Maíllo, vicepresidente de la FEMP y presidente de la Diputación de Zamora, exige que el coste estándar contemple factores como la dispersión y envejecimiento de la población

1

Castilla y León recibió con una sensación agridulce el anteproyecto de Ley de Reforma de Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local, que el ministro de Hacienda presentó ayer en el Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local.

Temor a que no se cumplan las previsiones que desde la Comunidad se habían formulado y de que el texto de Montoro no encaje o choque con la normativa de Ordenación del Territorio que se está preparando en la Comunidad. Y cautela porque el contenido concreto del documento del Ejecutivo central no se conoce en profundidad, puesto que tan solo han llegado algunas de las grandes líneas de actuación. Lo cierto es que toda las fuentes consultadas prefieren esperar a un estudio en profundidad del nuevo modelo de Montoro antes de realizar una valoración de su contenido. Pero temas como el ‘coste estándar’ de prestación de servicios no ha sonado a música celestial en muchos ayuntamientos, especialmente porque no contempla aspectos fundamentales como la dispersión o la edad de la población.

Quien si se «mojó» en estos asuntos, por asistir a la reunión de Madrid en su condición de vicepresidente de la FEMP, fue Fernando Martínez Maíllo, presidente de la Diputación de Zamora, quien reclamó de forma expresa en el Pleno de la CNAL que se tengan en cuenta características propias de Castilla y León como la dispersión y envejecimiento de la población y la distancia entre municipios a la hora de incluir el concepto de ‘coste estándar’, ya que la nueva normativa nacional da a los municipios cuatro meses para que adapten sus servicios a ese coste que fijará el Gobierno para cada competencia.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, subrayó que está constatado que «los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes cuestan tres veces más que los mayores» y hay que reacionalizarlo.

Al respecto, Maíllo recordó que la determinación del coste estándar por el que deberán pasar todos los servicios públicos municipales de España debe ser negociada con la FEMP. «Nos han dicho que sí, y ese coste determinará si un servicio público es eficiente o no y, si no lo es, pasaría a la Diputación». En este sentido, el vicepresidente de la FEMP insistió en desmentir que se vayan a quedar sin competencias los ayuntamientos, como se ha comentado en diversos foros. «Lo que es importante es que se tengan en cuenta criterios tan importantes como la dispersión y envejecimiento de la población y la distancia entre municipios en Castilla y León». «He pedido personalmente que esas tres variables sean incluidas en el contenido del coste estándar porque ésa es la clave de esta Ley y nos beneficia de forma especial en una Comunidad como Castilla y León.