La Comunidad paga a Cofely 5,7 millones en contratos “limpios”

El consejero de Presidencia asegura que no hay “ningún temor” en que se encuentre alguna irregularidad e informa de que los datos se mandarán a la Audiencia Nacional.

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La Junta pagó a la empresa Cofely, investigada por el juez Eloy Velasco en la Operación Púnica contra la corrupción, más de 5,7 millones de euros en diferentes contratos establecidos por las diferentes consejerías del Gobierno regional entre los años 2002 y 2014.

Así lo aseguró ayer en la rueda posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, quien afirmó que todos estos contratos se establecieron de forma “totalmente limpia” y aclaró que ninguno de ellos está siendo investigado por la Audiencia Nacional.

A este total, hay que sumar otro contrato de más de 7,5 millones de euros, que aún no ha sido pagado ya que se realizó a través de un préstamo del Banco Europeo Internacional, concedido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), adscrita a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con un acuerdo con la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento vallisoletano, y una UTE formada por dicha empresa y Rebi por el que se construirá una red de calor a través de biomasa en varios edificios de la institución académica vallisoletana.

La adjudicación se realizó a través del proceso conocido como “diálogo competitivo” en el que se invita a las empresas del sector a que participen. A él se presentaron 12 empresas y seis superaron la evaluación y ofrecieron su proyecto. De ellas, la unión de Cofely y Rebi obtuvo la mejor calificación, por lo que la obra se les concedió a ellos de forma “limpia”.

En este sentido, De Santiago-Juárez informó de que Cofely aún no ha participado en este proyecto ya que era la encargada del mantenimiento de una infraestructura que aún no está terminada y cuya ejecución desarrolla la otra adjudicataria, Rebi, con oficinas en Soria y Valladolid.

Por ello, el consejero declaró que la Junta se pondrá en contacto con la Universidad y el Ayuntamiento de Valladolid para ver si es posible que, a partir de ahora, sea Rebi la que se haga cargo de todo el proyecto, incluido el mantenimiento. “No queremos criminalizar a la empresa, pero tenemos que reconocer que, con esta situación, está marcada”, aseveró.

De esta manera, las obras podrán seguir adelante después de que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, informara ayer de que todo lo contratado con Cofely se paralizaba de forma preventiva.

Contratos

Volviendo a los 5,7 millones que sí han sido pagados, buena parte de ellos se centran en la provincia de Ávila y, la mayoría, más de 4,7 millones, son de la Consejería de Sanidad. Aún así, y según De Santiago-Juárez muchos de ellos son “contratos menores” y, casi todos, de mantenimiento de infraestructuras ya realizadas.

Por consejerías, la que cuenta con el mayor montante es la de Sanidad con más de 4,7 millones de euros. De ellos, 4,3 millones son para el mantenimiento de los equipos de climatización del centro de atención especializada de Medina del Campo (Valladolid) por un contrato que lleva en vigor desde 2003. El resto es también para el mantenimiento del centro de atención especializada de Ávila.

Desde Presidencia se pagaron 39.714 euros en 2002, 2003 y 2004 a través de diferentes contratos de mantenimiento, mientras que Hacienda desembolsó 160.353 euros para la integración energética de un complejo administrativo en Ávila adjudicado en mayo de 2010.

En Fomento se pagaron 15.803 por el mantenimiento de una de las sedes de la capital abulense, provincia que también se llevó los 37.355 euros gastados en el departamento de Economía y Empleo. Por su parte, Agricultura aprobó un contrato de 459.162 euros para la gestión de las instalaciones de los siete centros tecnológicos del Instituto Tecnológico Agrario en 2009.

El resto se divide entre Educación, con 117.063 euros para la reforma de una caldera de un instituto de Zamora; Cultura, con 19.584 euros del mantenimiento de calderas de varios edificios de Ávila, y Familia, con 105.965 euros para los trabajos de mantenimiento de instalaciones de Valladolid y Ávila.

El informe con todos estos datos, que fue solicitado con carácter urgente el pasado miércoles por el presidente de la Junta a todos sus consejeros, se hará llegar a la Audiencia Nacional para “facilitar su trabajo”. Además, los responsables de cada departamento comparecerán en las Cortes regionales para explicar los detalles de cada adjudicación “lo antes posible”, según el consejero de Presidencia.

Transparencia

Tras ofrecer todos estos datos, De Santiago-Juárez quiso aclarar que “no se trata de criminalizar a la empresa, lo que hacemos es un acto de transparencia del que deberían tomar ejemplo todas las administraciones de Castilla y León”, recalcó el también portavoz de la Junta, quien quiso dejar muy claro que el problema está en algunos “directivos y políticos corruptos”.

“Esta situación nos repugna. Está bien pedir perdón, pero no basta. Hay que actuar con contundencia caiga quien caiga”, declaró el también portavoz del Gobierno regional, quien reconoció que no existe “ningún temor” en que se encuentre alguna irregularidad.