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Un momento de la reunión con las organizaciones agrarias./ JCYL

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Juan Pedro Medina, se reunió con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias para clarificar las cuestiones relativas a los requisitos y compromisos de las medidas agroambientales ante la inminente publicación de su regulación la convocatoria para el año 2023.
Estas ayudas, que ya están dentro del marco regulatorio del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, constituyen una muestra de la compatibilización de determinadas prácticas agrarias y ganaderas con la conservación del medio ambiente. Por ello, una vez aprobado el Plan Estratégico de la Política Agraria Común para España por la Comisión Europea a finales de agosto, Castilla y León va a ser la primera Comunidad Autónoma que regulará las ayudas agroambientales, con objeto de poder ponerlas en marcha en el primer año del nuevo período de programación, es decir, en 2023.
Las medidas agroambientales consisten en suscribir de manera voluntaria compromisos relacionados con prácticas agrarias medioambientalmente sostenibles. Para ello, tras una convocatoria de solicitud de incorporación, se formaliza un contrato plurianual de al menos cinco años de duración y cada anualidad deberán solicitar el pago a través de la Solicitud Única de ayudas PAC.

MEDIDAS EN LA COMUNIDAD

Castilla y León va a poner en marcha diferentes medidas agroambientales orientadas a cultivos sostenibles, a gestión sostenible de pastos, a la protección de la avifauna, a la apicultura favorecedora de la biodiversidad, al mantenimiento de paisajes tradicionales y cultivos minoritarios, a la conservación de recursos genéticos y también a la agricultura ecológica.
La mayor parte de ellas suponen una continuidad del marco anterior, en atención a la aceptación y a la buena acogida y resultado obtenido en la protección del medio ambiente; y otras, con novedosas como la medida de cultivos minoritarios para atender las nuevas iniciativas que surgen de implantación de cultivos aromáticos, frutos de cáscara o encina trufera, o el impulso al empleo de abono orgánico en sustitución de la fertilización mineral.
Además, existe una apuesta firme por fortalecer y aumentar de manera significativa la superficie de agricultura ecológica, para ello se ha dotado a esta medida de un importe de más de 70 millones de euros para el periodo 2023-2027 y se han incrementado las primas más de un 20 por ciento respecto al marco anterior.
El proyecto de orden reguladora de estas medidas detalla el procedimiento de incorporación a estas ayudas, además, recoge las condiciones de admisibilidad y los compromisos que deben cumplir los titulares para poder percibir los importes correspondientes.

REUNIÓN

Este proyecto de orden fue puesto en conocimiento de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL) a mediados del mes de noviembre y esta semana se mantuvo una reunión entre el equipo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y representantes de estas organizaciones.
Durante el encuentro se pusieron en común el contenido del proyecto de orden reguladora de las medidas agroambientales y las propuestas y observaciones formuladas por las organizaciones profesionales.
En la reunión se expuso el enfoque que deben tener las medidas agroambientales en el nuevo periodo 2023-2027, y por ello se señaló que los compromisos deben ser más exigentes que los incluidos en la condicionalidad reforzada, los ecoregímenes y las normas obligatorias de fertilización y fitosanitarios, para así poder percibir los importes que corresponde a cada medida agroambiental.
En el caso de la medida de aprovechamiento de superficies forrajeras y pastos por el ganado se destacó que, como se trata de una medida de prácticas de extensificación de la ganadería, han sido muy pocas las comunidades autónomas que la han programado en el nuevo marco comunitario.
Aun así, Castilla y León ha optado por incluir esta medida en el PEPAC con una orientación hacia prácticas más exigentes, lo cual requiere que los ganaderos las puedan llevar a cabo en parcelas de su explotación que no se utilicen en común con otros ganaderos. Esto no implica a priori la exclusión de parcelas adjudicadas por juntas vecinales o ayuntamientos, ni de parcelas de titularidad pública, ni similares; el requisito supone que la parcela debe ser gestionada y aprovechada por el titular del contrato agroambiental y su ganadería, para así poder cumplir los compromisos durante los cinco años de duración del contrato.
Tras la pertinente tramitación del proyecto de orden, se tiene la intención de que sea publicada a finales de 2.022 o principios del próximo mes de enero para posteriormente realizar una convocatoria de incorporación con carácter previo al plazo de presentación de la Solicitud Única que para 2023 dará comienzo el 1 de marzo.
El proyecto de orden que regulará estas medidas en el periodo 2023-2027 estará respaldado con un importe de más de 210 millones de euros.