Segunda sesión del Pleno de las Cortes de Castilla y León
El Presidente de la Junta de Castilla y León durante la segunda sesión de Pleno, celebrada ayer en las Cortes. / Leticia Pérez

Las Cortes de Castilla y León han dado este miércoles luz verde a la toma en consideración de la proposición de ley de PP y Vox en materia de sanidad animal encaminada a facultar a los profesionales veterinarios que obtengan una certificación a realizar actuaciones sanitarias oficiales.

Con esta toma en consideración, que ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox, PSOE y XAV y la abstención de UPL-Soria Ya, UP y Francisco Igea, esta proposición de ley ha superado su primer trámite parlamentario.

Esta modificación de la ley de 1994 permitirá que estas labores de inspección atribuidas hasta ahora en exclusiva a los servicios de la Junta de Castilla y León puedan ser realizadas también por veterinarios certificados, con el fin de aliviar la carga y las esperas en determinadas provincias.

Concretamente, la modificación legal añadirá tres puntos al artículo tres de la ley, para “habilitar a profesionales veterinarios a realizar actividades sanitarias en el marco de los programas sanitarios nacionales y autonómicos de vigilancia, control o erradicación de enfermedades, así como en los programas especiales de acción sanitaria”.

Asimismo, el texto especifica que “se podrá acreditar a profesionales veterinarios como agentes certificadores de las actuaciones sanitarias previstas en los planes de alerta sanitaria”. Así, en el ejercicio de sus funciones, estos veterinarios habilitados, los agentes certificadores y los contratistas, “deberán cumplir lo establecido en la normativa europea vigente” en lo relativo al conflicto de intereses.

Es por ello que las personas que realicen las actuaciones estarán sometidas al régimen de abstención y recusación previsto en la ley y deberán presentar una declaración jurada de ausencia de conflicto de intereses por cada explotación en la que realicen tales actuaciones.
Finalmente, la modificación legal suprime el artículo 38 de la actual ley, que permitía la contratación de “servicios facultativos” para colaborar en campañas de saneamiento o programas especiales.

Según el PP y Vox, con esta modificación legal, que pretendían aprobar mediante una enmienda incluida en la ley de Medidas que acompaña a los Presupuestos pero que fue inadmitida por la Mesa de las Cortes por no ajustarse a la temática, se avanza en la “optimización de los controles sanitarios”, como ha expresado el portavoz de Vox, Carlos Menéndez.

“Es imposible erradicar la tuberculosis”, ha indicado Menéndez, de ahí que haya apostado por avanzar en la aplicación de los programas de control existentes.

Por su parte, el procurador del PP Óscar Reguera ha subrayado que la sanidad animal constituye “un elemento primordial” para la salud pública de la Comunidad de Castilla y León, así como para su economía y ha recordado los recientes casos de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica.