La consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante una rueda de prensa. EFE/R.García

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha remarcado, ante la postura ministerial en el Consejo Interterritorial de esta tarde en Sevilla, la necesidad de una unidad de acción para el conjunto del Sistema Nacional de Salud y herramientas legales “que faciliten y amparen una toma rápida de decisiones desde una efectiva coordinación a nivel nacional”.

Casado ha manifestado en un audio remitido por la Junta que “no está satisfecha” tras la reunión porque entiende que, a su juicio, en el actual contexto hay que ser “lo más drásticos, lo más rápidos y lo más ágiles posible”.

“La cogobernanza invocada por el Gobierno para la gestión pandémica ha de ser real, no una declaración de intenciones y para ello es necesario dotar a las Comunidades de las herramientas legales que garanticen la efectividad jurídica de las medidas a implementar, incluidos la ampliación de horarios del toque de queda y posibles confinamientos, más allá de la actual Real Decreto 926/2020”, ha precisado Casado.

La consejera de Sanidad ha insistido en que la situación epidemiológica y sanitaria por esta tercera ola de la covid-19 está siendo aún más grave que las dos ondas pandémicas anteriores, por lo que es “absolutamente necesario la adopción de medidas que palíen esta situación, ya que cuanto más se demoren esas decisiones, mayores serán los contagios, los ingresos y las personas fallecidas”.

La Junta recuerda que, en cuanto a normativa publicada en el BOCyL y sobre la que no existe aún resolución judicial, sigue vigente en Castilla y León el toque de queda establecido entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, además de otras medidas tales como la limitación de las reuniones en espacios de uso público y privado a un máximo de cuatro personas; la reducción del aforo en lugares de culto a un tercio, con hasta 25 personas en total; y el cierre perimetral del conjunto autonómico y de todas y cada una de las provincias.

Además, todos los territorios provinciales permanecen en el nivel 4 de alerta sanitaria para la contención de la covid-19, con las medidas preventivas reforzadas vigentes.

La evaluación de las propuestas autonómicas, referidas a la modificación del Real Decreto 926/2020, por el que se regula el actual Estado de Alarma vigente declarado por el Gobierno de la Nación, ha sido el compromiso adoptado por el Ministerio de Sanidad tras la celebración, esta tarde, de referido Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Nueve Comunidades (Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia y Madrid) han solicitado al Ejecutivo central nuevas herramientas jurídicas que se adecúen a la situación epidemiológica y asistencial por la covid-19, de manera que dispongan de más mecanismos oportunos y lo más inmediatos posible, adaptados a la tercera onda pandémica y referidos a la limitación de la circulación ciudadana y al establecimiento de confinamientos.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha valorado como suficiente el actual marco jurídico nacional frente a la pandemia, insistiendo en que las Comunidades Autónomas aún disponen de margen decisorio y que hay que esperar a ver cómo se obtienen resultados de las medidas implementadas.