ISABEL BLANCO
La consejera en la presentación de ayer del Programa de Actuaciones Estratégicas contra la pobreza infantil. / ICAL

La Junta de Castilla y León invertirá en torno a 60 millones de euros, como punto de partida, para el desarrollo de 54 medidas contra la pobreza infantil durante los próximos seis años. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció ayer los detalles del nuevo programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir esta problemática durante la reunión de la sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, que se celebró en la Delegación Territorial salmantina.

Según especificó la consejera en su comparecencia pública, esta partida implica dotar a las familias vulnerables de los recursos necesarios “para garantizar el cuidado y la educación adecuados, que permitan romper con el círculo de pobreza, así como seguir apostando por la formación e inserción laboral”.

Objetivos específicos

En concreto, el más de medio centenar de medidas están agrupadas en torno a 19 objetivos específicos y cuatro áreas prioritarias de actuación, que tienen como finalidad principal la prevención y lucha contra la exclusión social de los menores especialmente vulnerables, garantizando su acceso a un conjunto de servicios clave, así como la defensa de sus derechos desde el fomento de la igualdad de oportunidades. Los servicios se enmarcan en los ámbitos educativo, sanitario, de vivienda y de servicios sociales y el reto es “asegurar a los pequeños su derecho a la atención sanitaria, a la educación gratuita; a la inclusión socioeconómica, y a la igualdad de oportunidades, con viviendas adecuadas y alimentación sana”, enumeró.

El programa tendrá una duración de seis años, hasta 2027, y a la media de 60 millones de euros anuales que destinará la Junta se incorporarán el cinco por ciento de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo Plus durante dicho periodo. “Se trata de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las familias más vulnerables, pero también de darles una perspectiva de futuro. Los servicios sociales deben tener una puerta de entrada, pero también una de salida”, valoró la consejera.

Mejora del indicador

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida citados por Isabel Blanco, que corresponden al último año cerrado -el 2020-, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad se situaba en el 19,8 por ciento, un 6,6 por ciento por debajo de la media nacional, ubicada en el 26,4 por ciento. De este modo, Castilla y León es la cuarta autonomía con el indicador más bajo, solo por detrás de Navarra, el País Vasco y Aragón.

La tasa de pobreza infantil en la región se situaba un año antes en el 27,7 por ciento, frente al 29,5 por ciento del país, casi dos puntos por debajo. Asimismo, la población infantil viviendo en hogares con carencia material severa era el 1,1 por ciento, siendo la segunda Comunidad con menor tasa, cinco puntos por debajo de la media nacional. “A pesar de que nuestras cifras son mejores a la media nacional, siguen siendo altas y tenemos que seguir trabajando”, apostilló.

Respecto a las características de la población en situación de riesgo, Blanco destacó que la Comunidad presenta una tasa inferior a la media en cuanto a la población de entre 15 y 29 años con nivel inferior a la segunda etapa de ESO que “ni estudia ni trabaja”, así como en abandono temprano de la educación. En este último caso, las mujeres presentan una media superior a la nacional, aspecto al que el programa presta “especial atención”, así como a los tipos de hogar con mayor con “mayor riesgo” y a la población de origen extranjera que presenta unas tasas de riesgo “muy superiores a la media”.