La Junta de Castilla y León aprobó el proyecto de ley de Rebajas Tributarias en la Comunidad, que afecta al primer tramo autonómico del IRPF, además de incorporar bajadas de tasas y bonificaciones, e incluye la supresión del impuesto autonómico sobre la eliminación de residuos en vertederos, para no colisionar con el creado a nivel nacional.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que dio luz verde a esta iniciativa, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió la bondad de reducir y suprimir estos impuestos para ofrecer alivio a la renta disponible de las familias y favorecer la actividad económica y el mantenimiento y la creación de empleo, y ha cifrado en 36 millones de euros los que dejarán de ingresar las arcas autonómicas al año.
Con esta aprobación del proyecto de ley arranca la tramitación en las Cortes de Castilla y León, donde los grupos parlamentarios plantearán enmiendas, incluidas las de totalidad, que de ser presentadas dilatarían los plazos para su entrada en vigor, aunque Carriedo recordó que en el caso del IRPF tendrá efecto retroactivo a 2022, al integrarse en la declaración que hagan los contribuyentes en 2023, cuando esperan que esté ya vigente.
El portavoz aseguró que la modificación del IRPF deja a la Comunidad como la segunda autonomía con el tipo más bajo, al pasar del 9,5% al 9%, lo que supondrá para cada contribuyente unos 35 euros de diferencia respecto al año anterior.
Sobre la recaudación de este tributo, Carriedo detalló que serán unos 20 millones de euros los que dejarán de ingresar las arcas autonómicas cada año y que la Junta confía en que puedan acabar aliviando la inflación y fomenten el consumo por parte de los ciudadanos.
En cuanto al futuro de los tributos autonómicos que actualmente tiene implantados la Junta de Castilla y León, este proyecto de ley suprime el referido a la eliminación de residuos en vertederos, por el que la Administración recaudaba unos 8 millones de euros, mientras que mantendrá el que grava la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos de agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, que aporta unos 60 millones al año.
