La exclusión social está “enquistada” en la estructura social de la Comunidad, ya que afecta a 368.000 personas, el 15,3% de la población, y atañe a un grupo especialmente vulnerable de 214.000 catalogadas en exclusión social severa. Así lo reflejó el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León 2019 presentado ayer, coordinado por la organización Cáritas.
El coordinador del informe de la Fundación FOESSA, Guillermo Fernández, consideró como “tremendamente relevante” el incremento de la población en exclusión social severa, pues ha pasado de representar el 5,1 por ciento en 2013 al 8,9 por ciento cinco años después, un grupo de personas con el que “se ceba la desigualdad y la precariedad”.
Dentro del grupo en exclusión social severa hay otro apartado considerado como “sociedad expulsada” compuesto por 99.000 personas, el triple que hace un lustro, que son considerados así por sumar a su exclusión la acumulación de varios problemas relacionados con vivienda, salud o empleo.
Además, el informe alertó de una desigualdad “notable” en términos de renta entre las personas en exclusión y el resto de población, que se acrecienta al incluir otros elementos como la vivienda, la familia, el empleo, la salud o la educación, lo que genera una desigualdad multidimensional “tremendamente elevada”, la segunda más alta de España tras Cantabria.
Es posible desgranar por bloques el análisis de la exclusión social y entre ellos destaca como “motor elemental de desigualdad” la vivienda, “un derecho inaccesible para muchas familias”, con un 20,2 por ciento de la población afectada en este sentido, con 23.000 personas que residen en viviendas con deficiencias graves, 49.000 hogares sin la seguridad de poder vivir en el mismo lugar el próximo mes y 52.000 residencias que no reúnen las condiciones para vivir.
Otro factor es el empleo y, aunque en Castilla y León afecta de forma menos relevante que en el resto de España, genera problemas como que el trece por ciento de las personas en exclusión tiene un empleo y, “a pesar de su esfuerzo personal”, tienen que escuchar que “no son suficientemente emprendedores”.
El tercer factor determinante es la salud, esta vez con mayores problemas que en el resto del país pues, del total de personas en exclusión, el 59 por ciento está afectado por problemas sanitarios, lo que supone el incremento del 137 por ciento en los últimos cinco años, con un aumento cada vez mayor por la subida de la media de edad en la población.
Fernández hizo hincapié en que no hay que relacionar la situación de la exclusión social con las políticas públicas, debido a que, aunque sí hay factores determinantes como la situación de las pensiones, hay otros de tipo demográfico como el aumento de la edad media y la cada vez mayor proporción de población envejecida, lo que produce que el 37% de las personas en exclusión social vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Este elemento es “determinante” en Castilla y León al existir personas con enfermedades y sin apoyo por vivir en núcleos pequeños con los servicios a grandes distancias, lo que “obliga a desarraigarles y traerlos a las capitales con sus familiares”.
Argüello
En la presentación del informe participó el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, quien destacó el interés especial de la Iglesia por todo lo que tiene que ver con la desarrollo social, y subrayó como claves de los resultados del informe “la desvinculación y la desconfianza”. “El informe es un buen instrumento para contar lo real. Muchas veces en campañas electorales nos encontramos con proposiciones ideológicas que son legítimas, pero que tienen que dialogar con la realidad, porque si no promesas que luego las cuentas no acaban de salir del todo”, señaló en su discurso Argüello.
Por su parte, el presidente de Cáritas en Castilla y León, Antonio Jesús Martín, recordó que en la memoria anual que presentaron en julio se evidenciaba un incremento de las personas que atendían al pasar de 100.000 a 120.000, lo que supuso al analizar el informe de FOESSA que Cáritas llega a un tercio de las personas en exclusión.