La Audiencia de Valladolid ha ordenado devolver la causa del caso conocido como Perla Negra al Juzgado de Instrucción, con el fin de que el letrado de la administración de justicia certifique que se ha incorporado a las diligencias un CD que aún falta y que se da traslado de las actuaciones a las partes de manera completa.
El magistrado presidente del tribunal ha dado a conocer esta decisión durante la segunda sesión de la vista oral, en la que se juzga a doce exaltos cargos del Gobierno autonómico y empresarios por supuestas irregularidades en la compra por parte de la Junta del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), inmueble conocido como la Perla Negra.
El juicio, en el que también se juzgan supuestas irregularidades en la adquisición de terrenos del fallido parque empresarial de Portillo (Valladolid) y en el que la Fiscalía pide penas que oscilan entre once y cuatro años de prisión, comenzó ayer lunes con la exposición de las cuestiones previas de las partes.
La Fiscalía consideró que deberían devolverse las diligencias del caso al Juzgado de Instrucción para que el letrado de la Administración de Justicia -secretario judicial- constate que el traslado de actuaciones ha sido completo, lo que evitaría posibles alegatos de nulidad en el futuro.
El magistrado presidente de la Sala ha recordado este martes que, al planteamiento del Ministerio Público, se sumaron también las otras dos acusaciones personadas, la Junta y el PSOE, y ha expuesto que alegaron igualmente esa ausencia de certificación cinco letrados de los acusados, a los que se adhirieron otros cuatro defensores.
En concreto, en función de los expresado en el juicio por una de las defensas, se detectó que un CD no había sido hallado en la causa y que, según ha explicado el magistrado, se ha encontrado un CD pero encriptado, sin que el tribunal haya podido leer los archivos.
Ha detallado que, tras el auto de apertura de juicio oral, el secretario judicial debe dar traslado de las actuaciones «íntegramente» a las defensas, para su conocimiento de todas las diligencias de la causa.
El juez ha citado una diligencia de 4 de agosto de 2020 referida a que no constaba un documento del que se había dado traslado previo y que era relevante para los escritos de defensa, en un momento en el que prácticamente se había cumplido el plazo para su presentación y se rechazó una prórroga.
Al no haberse constatado el traslado completo de las actuaciones, en aras de evitar indefensión y de los artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el magistrado ha decidido devolver la causa al Juzgado de Instrucción y que el letrado de la administración de justicia practique las diligencias para conocer en qué lugar se encuentra el CD -corresponde a mayo de 2016- e incorporarlo a la causa con copia a las partes.
Ha establecido también la concesión después de un plazo de diez días a las defensas para presentar sus escritos, tras lo que continuará la causa por los cauces legales, y ha aclarado que la nulidad no alcanzará a actuaciones y resoluciones no vinculadas por esta decisiones.
En principio, la duración del juicio estaba programada para veintitrés días, con la comparecencia de noventa testigos y peritos, entre ellos, en calidad de testigo, la del expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera el 30 de marzo.
Una vez solucionados los problemas detectados, será necesario fijar nuevas fechas para la celebración de la vista oral en la Audiencia vallisoletana.
La Fiscalía considera provisionalmente que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, demanda un total de once años de prisión por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias.
En el caso de la exviceconsejera Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, el ministerio público pide también once años de prisión en cada caso por delitos continuados de malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Para otros dos investigados, Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal, y Francisco Armero, exdirector financiero de Gesturcal, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión en cada caso por malversación de caudales públicos.
Considera al exdelegado de Excal Alberto Esgueva supuesto autor de un delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias, por el que pide seis años de prisión.
La misma pena pide, por los mismos delitos, para Germán Martín Giraldo, exadministrador de la Promotora inmobiliaria Urban Proyecta; Ángel Román Montes, también de Urban Proyecta; Luis Antonio Recio, del Parque empresarial de Portillo; Francisco Esgueva, de Cementos La Bureba; Luis Ángel Rodríguez, del Parque de Portillo, y Carlos González, exconsejero del mismo Parque.
En concepto de responsabilidad civil, solicita el abono de una indemnización de forma solidaria y conjunta a la Administración autonómica en la suma que supuestamente fue desviada a favor de las mercantiles citadas, calculada en 16.138.911,47 euros, sin perjuicio de lo que resulte de las pruebas que se practiquen.
