Justicia destinará un 3% más para la mejora de sus infraestructuras

El ministro avanza un inversión de 8,6 millones para Castilla y León y asegura que los fondos de su Ministerio contendrán en los próximos Presupuestos la mayor subida de su historia

0

El Ministerio de Justicia invertirá en la mejora de infraestructuras de Castilla y León en total 8,61 millones frente a los 8,3 presupuestados este año, lo que supone un incremento del tres por ciento. El titular de este departamento, Francisco Caamaño, calificó los datos del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 como «austeros» y «restrictivos», aunque indicó que se caracterizarán por contener el mayor crecimiento de los fondos destinados a su Ministerio en la historia de la democracia a pesar del recorte del gasto.

Éstos fueron algunos de los asuntos en materia de Justicia que abordó el secretario autonómico del PSCyL, Óscar López, y la dirección socialista en la Comunidad con el ministro en el encuentro que mantuvieron en la sede de la formación en Valladolid. López destacó el incremento de la aportación del Gobierno de España y valoró los recursos que se ofrecerán con el traspaso de competencias a la Junta en esta materia.

Caamaño destacó, además, que a las partidas recogidas en el capítulo VI del proyecto de las cuentas para el próximo ejercicio se sumarán los fondos del Plan de Modernización, dotado con 600 millones. Su desarrollo en los próximos tres años fue otra de las cuestiones que abordó el ministro en su reunión con el secretario del PSCyL, quien calificó de «un gran logro» este programa que persigue que el servicio que presta esta administración del Estado tenga mayor calidad.

Entre las partidas que irán a parar a la Comunidad en 2010, Francisco Caamaño destacó las que se destinarán para afrontar el estudio informativo del proyecto del Campus de la Justicia de Valladolid. Asimismo, las cuentas del Estado para el próximo año incluirán partidas para el Palacio de la Justicia de Burgos y para la creación de los nuevos juzgados de Briviesca y Salas de los Infantes, en Burgos, Ponferrada (León) y Segovia.

También confió el ministro en desbloquear la situación del juzgado burgalés de Lerma el próximo año.

El ministro, que aprovechó su paso por Valladolid para visitar también el edificio alquilado de la calle Nicolás Salmerón junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, y el delegado del Gobierno, Miguel Alejo, entre otros, se desplazó después a Burgos, donde jueces y magistrados de la Sala de Gobierno del TSJCyL le trasladaron su preocupación por «cómo ofrecer una justicia de más calidad a los ciudadanos», a lo que Caamaño contestó que es algo en lo que se trabaja desde diversos ámbitos. «En eso estamos trabajando todos», apostilló.

La nueva Oficina Judicial, que el Congreso aprobará en octubre, fue otro de los asuntos abordados.

Caamaño insiste en su voluntad de transferir las competencias

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, manifestó a la «máxima voluntad» de su departamento para impulsar el proceso de transferencia de las competencias en esta materia a Castilla y León, aunque reconoció que avanzan de forma más lenta que en el caso de La Rioja, Islas Baleares y Murcia. Además, incidió en la intención de su departamento de «cerrar el mapa autonómico» con las regiones que no han asumido la gestión de la Administración de justicia, ya que donde se ha producido se ha incrementado la «disposición» de medios materiales y recursos, lo que beneficia a los ciudadanos, dijo.

En ese sentido, el titular de Justicia indicó en Valladolid que su Ministerio está «pendiente» del informe de valoración que está realizando la Junta sobre sus propuestas. Al respecto, recordó que la última reunión mantenida fue en junio y no precisó si los contactos se reanudarán antes de que finalice el año.

Asimismo, señaló que el desarrollo del proyecto del Campus de la Justicia de la capital vallisoletana facilitará el proceso de transferencia de estas competencias. Francisco Caamaño también significó que la aprobación en octubre de la nueva ley orgánica, que se encuentra en fase de debate en el Senado, «engrasará» la transferencia de competencias a las seis comunidades autónomas que todavía no han asumido la gestión de la Administración de justicia.