Carlos Fernández Carriedo
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. / ICAL

La Junta de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha apelado al diálogo entre las administraciones y los sectores económicos y ha pedido la convocatoria urgente de la Sectorial de Energía para analizar lo que implica el decreto de ahorro energético aprobado esta semana por el Gobierno central.

Sin mencionar posibles recursos ante el Tribunal Constitucional, como sí planteó ayer el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), quien calificó la nueva normativa de «cacicada», Fernández Carriedo -también portavoz del Gobierno autonómico-, ha detallado que ha enviado una carta a la vicepresidenta tercer y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para pedir la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Energía.

El consejero ha destacado la «solidaridad de Castilla y León con España en materia energética», en referencia a que es uno de los territorios donde se produce un mayor porcentaje de la energía eléctrica que se consume en el país y también a las medidas de ahorro energético puestas en marcha ya.

Fernández Carriedo ha remarcado que en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Energía -celebrada el pasado jueves 28 de julio-, el Gobierno no hizo referencia al contenido de la inminente aprobación del mencionado Real Decreto Ley y su impacto sobre multitud de actividades.

El representante de la Junta de Castilla y León ha apelado a la necesidad de clarificar a quién corresponde la potestad y mecanismos para controlar el cumplimiento de las temperaturas máximas, de los horarios establecidos, así como resolver las cuestiones relativas a la efectiva instalación de mecanismos automáticos de cierre de puertas, las limitaciones a partir de las 22 horas que se aplican en relación a la iluminación de carácter artístico y monumental, y hasta qué hora se limita la iluminación de los escaparates y edificios públicos.

La Junta pide igualmente «seguridad jurídica para excepcionar del cumplimiento de los umbrales de temperaturas a determinados lugares y establecimientos sanitarios, asistenciales, dotacionales y educativos».