La Junta de Castilla y León destinará 300 millones de euros en el próximo lustro para apoyar la descarbonización de las empresas públicas y privadas de la Comunidad, dentro de una inversión general, entre la esfera pública y la privada, que calcula en torno a los 1.000 millones de euros en el conjunto de Castilla y León.
Así lo aseguró el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su participación en la jornada ‘La descarbonización en sectores estratégicos de Castilla y León’, organizada en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad por parte de los clúster AEICE, FaCyL y Vitartis como representantes de “tres grandes pilares de la economía y el futuro de Castilla y León”: el hábitat, la movilidad y la automoción, y la agroalimentación.
Y es que, como apuntó Suárez-Quiñones, “la sostenibilidad no es una alternativa entre varias, no es una opción”, sino que aparece como una obligación para toda la sociedad, incluidas sus empresas, dado que “al margen de la sostenibilidad, no hay futuro para la competitividad empresarial y para la subsistencia de las empresas”.
“No hay futuro porque el mercado camina en ese sentido”, continuó explicando el consejero de Medio Ambiente, recordando que “las demandas de los consumidores exigen productos verdes” y las leyes europeas exigen no solo la descarbonización total de los procesos de producción en 2050, sino reducir las emisiones de gases de efecto invernadero “un 55 por ciento respecto a 1990”.
Por ello, “se introduce la necesidad de acelerar el paso, tanto para lo público como para lo privado”, tanto porque la fiscalidad “va a ir para castigar a las empresas que no se descarbonicen” como porque el propio mercado “va a penalizar a las empresas que no tengan energías verdes”, por lo que las compañías que “crean que sin una adecuada política de eficiencia energética y reducción de emisiones van a sobrevivir, están equivocadas: no van a sobrevivir”.
Asimismo, aseguró que, en este proceso, la Junta de Castilla y León “no es una administración contemplativa, que se limita a aprobar y dictar estrategias”, sino que es un actor que “interviene, participando por sí misma o apoyando inversiones en otras empresas” para desarrollar procesos de producción de hidrógeno verde, biogas, biometanol, metano y “todo tipo de alternativas verdes a la combustión y a los combustibles fósiles”.
Es en ese ámbito en el que situó la inversión prevista, para los próximos cinco años, de 300 millones de euros, que se incardinan en un montante global aproximado de 1.000 millones de euros, entre el ámbito privado y el público, para lograr la descarbonización.
