Varios inmigrantes en el muelle de Arguineguín tras ser rescatados por Salvamento Marítimo, este domingo, en Gran Canaria. EFE/ Elvira Urquijo A.

La Junta de Castilla y León ha propuesto al Gobierno que realice una regularización ad-hoc de las personas que, llegadas desde el extranjero, se encuentren en situación irregular y lleven un determinado tiempo viviendo en una zona afectada por la despoblación, previo acuerdo con las autonomías interesadas.

A través de una carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha trasladado la posibilidad de enmarcar esta iniciativa en la estrategia de recuperación económica del país y lo ha relacionado con la planteada por Italia en esta primavera.

La propuesta de Castilla y león es que se vincule esa regularización extraordinaria con su arraigo en el territorio; e incluso plantea que se cree una nueva figura reglamentaria de circunstancia excepcional por arraigo que facilite el establecimiento de familias en municipios despoblados mediante la concesión de permisos ligados al territorio, con tiempos de permanencia continuada más reducidos, de carácter grupal o colectivo para unidades familiares completas.

Además, este proceso estaría vinculado al empadronamiento en un conjunto de municipios determinados afectados por la despoblación, e incluso contando con informe favorable del ayuntamiento de residencia de la familia interesada.

En la misma carta, la Junta de Castilla y León ha ofrecido al Gobierno su disposición a colaborar en el proceso de acogida de migrantes con mayores necesidades, especialmente de menores no acompañados y solicitantes de asilo, en una materia en la que ha pedido “mayor celeridad”.

Igea ha explicado que la intención del Gobierno de Castilla y León es ofrecer este territorio como “una tierra de vida y de acogida” y vincular la despoblación asociada a la baja natalidad y el envejecimiento con los procesos migratorios como una “tabla de salvación”.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística, en Castilla y León se encuentran registradas aproximadamente 150.000 personas extranjeras, lo que representa un incremento del 12 por ciento en relación con los últimos datos definitivos a 1 de enero de 2018.

Para la Junta de Castilla y León “el colectivo de los extranjeros inmigrantes resulta en muchos casos fundamental y esperanzador para evitar la despoblación y el aislamiento de la mayoría de municipios, para garantizar el mantenimiento de unos servicios públicos y, también y muy particularmente, privados, que lógicamente están guiados por criterios de rentabilidad; unos servicios que, al final, repercuten en la calidad de vida de toda la población”.

Igea ha apremiado al Gobierno a mejorar la coordinación de las políticas migratorias con el objetivo de atender a las necesidades de las personas y también de municipios y territorios en riesgo grave de despoblación como los de Castilla y León “donde la llegada de personas inmigrantes es sinónimo de riqueza y prosperidad“. “En una Comunidad como la nuestra nadie se queda o viene por disponer de servicios públicos, sino por tener o aspirar a tener un proyecto de vida”, ha detallado Igea.

El vicepresidente ha pedido “soluciones prácticas y reales” que posibiliten que aquellas familias que en la actualidad están arraigadas en Castilla y León o se encuentran en proceso de arraigo -y en especial en los municipios más pequeños- no vean truncado su proyecto de vida “por interpretaciones legales, limitaciones regulatorias o prácticas burocráticas que impidan su inclusión plena”.

La “mayor urgencia“, en opinión de Igea, es la privación del acceso al mercado de trabajo de las personas solicitantes de asilo que han visto denegada su solicitud por parte del Ministerio del Interior, pero que se encuentran pendientes de recurso ante una segunda instancia (administrativa o judicial), no solo no es oportuna, sino que incluso puede ser contraria a la normativa comunitaria (art. 2 y 15 Directiva de Acogida y STJUE C.181-2016, de 19 de junio).

“Esta privación de derechos (autorización para trabajar, prestación de desempleo, acceso a servicios y prestaciones de empleo, etc.) empuja a este colectivo a la exclusión social”, ha zanjado Igea, convencido de que una solución a este problema supondría un “ahorro sustancial de fondos públicos, se producirían más empleos, más cotizaciones y servicios públicos en el medio rural“.