El número de detenidos en la carreteras de Castilla y León por dar positivo en controles de alcoholemia y drogas se ha reducido a la mitad en los últimos diez años. De los 1.768 investigados por la Guardia Civil por este delito contra la seguridad vial en 2011 se ha pasado a los 885 del pasado año, descenso que en comparación con el año 2019, cuando hubo 1.036 investigados, fue del 70 por ciento.
Esta caída, según el Ministerio del Interior, ha sido menor que el registrado en el conjunto de las carreteras del país, donde el descenso superó el 55 por ciento, al pasar de los 20.794 detenidos a 9.327.
Además, en este periodo el número total de detenidos contra la seguridad vial ha caído más de un tercio en las carreteras de la Comunidad, dado que los 3.187 de 2011 se ha pasado a 1.980.
A pesar del descenso, los positivos por alcohol y drogas continúan siendo la primera causa de los delitos y el pasado año representaron el 44,7 por ciento del total.
La segunda causa, al igual que en los últimos ejercicios, fue conducir sin haber logrado el permiso o bien por hacerlo habiendo agotado los puntos del carnet. En este caso se contabilizaron 734 imputaciones, que representan el 37,1 por ciento. Por su parte, el exceso de velocidad sólo supone el 2,2 por ciento de las detenciones, 43 el año pasado.
Por provincias, León está en cabeza con 433 investigados, por delante de Valladolid (281), Burgos (277) y Segovia (215). En el extremo opuesto se sitúa Soria, con 110, seguida de Palencia (139), Zamora (142), Ávila (190) y Salamanca (193).
Desde Stop Accidentes Castilla y León destacan que detrás de esta reducción de detenidos están los efectos del incremento de controles de la DGT, las campañas de educación y la implantación del carné por puntos, pero advierten de que el problema más grave lo presentan los reincidentes y las personas con adicción al alcohol o las drogas.
Para la secretaria general de esta ong, Jeanne Picart, algo se ha avanzado en los últimos años, aunque recalca que el problema de los reincidentes sigue sin resolverse por un vacío legal. Aboga por poner límites, tanto en los cursos de recuperación de puntos en el caso de conductores que en repetidas ocasiones han sido sancionados sin llegar a superar los 0,60 miligramos por litro de aire espirado, como cuando se supera esa tasa y se comete un delito.
Además, se muestra partidaria de generalizar el sistema ‘alcolock’, alcoholímetros antiarranque, de manera que impida la puesta en marcha del turismo si se ha bebido. Picart asegura que el uso de esta herramienta está muy generalizada en países nórdicos y poco a poco se está extendiendo al resto de Europa. La nueva Ley de Tráfico establece que desde el pasado mes de julio los turismos que se matriculen tienen la obligación de incorporar una interface para instalar el ‘alcolock’.
Apela a la corresponsabilidad y asegura que, igual que entre los más jóvenes se está introduciendo el principio de quien conduce no bebe, entre las personas de más edad todavía prima el “yo controlo, no pasa nada”.
A pesar del descenso no hay que perder de vista de que la mitad de los conductores que murieron en las carreteras españolas en 2021 eran positivos en alcohol, drogas o psicofármacos, según la memoria anual del Instituto Nacional de Toxicología, a partir de 812 autopsias.
Las sanciones por dar positivo en un control de alcoholemia van desde 500 euros de multa y pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir (entre 0,25 y 0,50 miligramos por litro en aire espirado) hasta 1.000 euros y seis puntos en los casos más graves (más de 0,50 miligramos). En el caso de ser reincidente, la multa también es de 1.000 euros, independientemente de la tasa de alcohol, aunque el conductor perderá cuatro o seis puntos dependiendo de la tasa.
No obstante, conducir bajo los efectos del alcohol se convierte en un delito cuando se supera una tasa de 0,60 miligramos, con penas entre tres a seis meses de prisión.
