Granjas eólicas. / E.P

La Fiscalía Anticorrupción ha formulado escrito de acusación contra cinco excargos de la Junta de Castilla y León y once empresarios, dentro de la denominada trama eólica, por la supuesta comisión de delitos de corrupción llevados a cabo al beneficiarse de la concesión irregular de autorizaciones de los parques eólicos en la Comunidad.

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, ha solicitado la apertura de juicio oral y ha demandado penas que suman 42 años de cárcel para el exviceconsejero de Economía y secretario general de este departamento entre 2003 y 2011, Rafael Delgado.

En la Junta se entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que el Gobierno autonómico decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las sociedades promotoras de parques eólicos, expone el Ministerio Público.

“De este empeño se encargó Rafael Delgado, siguiendo instrucciones del consejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, que aprovechó la ocasión en un plan ideado junto con el acusado Ricardo Bravo -de Ibercyl-“, sostiene el fiscal.

La finalidad se dirigía a exigir “ilegalmente“, a los promotores cuyos parques tenían visos de autorización, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto “bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización“, una participación que se requería fuera próximas al cuarenta por ciento, argumenta.

El objetivo consistió también en seleccionar y favorecer “ilegalmente” a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación, para lo que actuó concertadamente con los acusados Francisco y Alberto Esgueva, Andrés Martín Paz, Germán Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.

El fiscal afirma además que, salvo los Hermanos Llorente, ninguno de los citados empresarios, amigos de Rafael Delgado o Tomás Villanueva, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como acredita que su permanencia en las entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en esas entidades.

El procedimiento judicial por la trama eólica permanece pendiente de la resolución de recursos al auto de imputación planteados ante la Audiencia Provincial de Valladolid, aunque varias de las partes han presentado ya sus escritos de acusación, según han detallado a Efe fuentes del caso.

La Fiscalía Anticorrupción demanda provisionalmente las siguientes penas:

  • Rafael Delgado. Exviceconsejero de Economía. Penas que suman 42 años por delitos continuados de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, además de seis delitos de extorsión y uno de blanqueo de capitales.
  • Manuel Ordóñez. Exdirector de Energía y Minas. Diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años por un delito continuado de prevaricación.
  • Jesús Rodríguez Recio. Abogado y empresario. Seis años de cárcel por blanqueo de capitales, uno por un delito continuado de tráfico de influencias y otro año y seis meses por un delito continuado de cohecho.
  • Alberto Esgueva. Exconsejero delegado de Excal. Seis años por un delito continuado de cohecho y seis años por blanqueo de capitales.
  • Francico Esgueva. Expresidente del Parque Empresarial de Portillo. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
  • Marc Nadelar. Administrador de empresas. Cuatro años por blanqueo de capitales.
  • Germán Martín Giraldo. Exadministrador de Urban Proyecta. Seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho en calidad de cooperador necesario y otros seis años por blanqueo de capitales.
  • Andrés Martín Paz. Director general de Deportes entre 1999 y 2003. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
  • César Hernández Chico. Empresario. Cuatro años por delito continuado de cohecho y un año por tráfico de influencias.
  • María del Mar Moreno. Exmujer de Alberto Esgueva. cuatro años por un delito continuado de cohecho.
  • Patricio Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
  • Alejandro Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
  • Miguel Ángel Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
  • Ricardo Bravo. Exdirector de Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho.
  • Rafael Icaza de la Sota. De Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho.
  • Pedro Barriuso. De Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho.