El pacto territorial delimitará los servicios de cada administración

La Mesa de la Ordenación del Territorio creará un grupo centrado en las competencias de los distritos rurales y otro en las de las diputaciones

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La ordenación del territorio comenzará definiendo las funciones y los servicios que prestarán los distritos rurales y las competencias de las diputaciones, según acordó ayer la Mesa de la Ordenación del Territorio, que se reunió en Valladolid, y en cuyo seno se decidió crear dos grupos de trabajo, uno centrado en las competencias de los distritos rurales y otro, en las de las diputaciones.

Así lo explicó al término del encuentro el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien insistió en que el objetivo es «seguir trabajando y avanzando» sobre la base del documento presentado por el Ejecutivo autonómico hace algo más de dos meses.

Con este nuevo modelo, resultado de estos grupos de trabajo y de la Mesa de Ordenación del Territorio, «no se quita nada a nadie», sino que se trata de sumar, delimitar esas competencias para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. «La ordenación del territorio no quita nada, lo que hace es poner y evitarle al ciudadano trabas burocráticas», apostilló.

Según incidió De Santiago-Juárez, el objetivo de este encuentro era «seguir avanzando y trabajando» sobre ese documento que, precisó, «no ha sido rechazado», sino que lo presentes en la Mesa lo han aceptado. Lo que sí se acordó, de ahí la constitución de estos dos grupos o mesas de trabajo que se conformarán «más pronto que tarde», es centrar el trabajo en el ámbito rural.

Por ello, indicó, el primero de ellos estudiará y analizará las funciones, la cartera de servicios de los distritos rurales. Buscará analizar cuáles son los servicios que tienen que prestar a los ciudadanos, al tiempo que este grupo se ocupará de estudiar qué servicios se mantienen en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El segundo de estos grupos, afirmó, tendrá entre sus funciones el «analizar, estudiar y definir» las competencias y servicios de las diputaciones para «evitar duplicidades», así como de ver qué relación tienen estas instituciones provinciales con los distritos rurales. Del mismo modo, se incidirá en el estudio de «cuáles son los mejores elementos para mejorar la coordinación política en el territorio por parte de las diputaciones y del Gobierno de Castilla y León». Además, continuará trabajando la tercera mesa o grupo ya creada de secretarios e interventores.

En definitiva, se trata, según remarcó el consejero de la Presidencia y portavoz, de avanzar porque existe acuerdo en la creación de estos grupos y se trabaja en base al documento presentado por la Junta que es quien, a su juicio, debe «liderar» la ordenación del territorio en Castilla y León.

Así, insistió en que el objetivo último es que los ciudadanos reciban los mejores servicios y que en su relación con la administración se hagan las cosas «más sencillas y cómodas» y que los servicios sean «más eficientes y de calidad», subrayó, para añadir que aunque con la nueva ordenación del territorio también se persigue, entre otros, la dinamización económica, lo primordial es «mejorar los servicios» para que estos sean «más eficientes» y con ello se facilite la vida a los ciudadanos en su relación con la administración.

«Lo más importante es abordar la ordenación en el entorno rural, que es el núcleo mollar de la reforma», sostuvo, para indicar que «la unión hace la fuerza» y si un pequeño municipio se asocia con otro podrá prestar mejores servicios a sus habitantes. Por ello, este grupo se encargará de analizar qué funciones deben prestar los distritos rurales y qué otros cometidos tienen que pasar a otras manos. Según defendió, todas las reformas de este tipo tienen como objetivo fortalecer a los municipios para que presten mejores servicios. De ahí, dijo, la apuesta de la Junta basada en la «asociación voluntaria de municipios».

Con este objetivo, indicó que la Junta está llevando a cabo «una labor pedagógica» para explicar y, sobre todo, escuchar a los municipios. En este sentido, informó de que la semana que viene tendrá lugar una reunión con los nueve delegados de la Junta para conocer los planes de actuación de febrero a julio que han elaborado cada uno de ellos, a petición del propio consejero de la Presidencia, para ir a todo el territorio de la Comunidad a explicar el modelo de ordenación.

Sobre el papel de las diputaciones y en caso de que esos estudios arrojen resultados sobre la necesidad o no de las mismas, el consejero de la Presidencia se mostró rotundo al afirmar que estos órganos están dentro del Estatuto de Autonomía de Castilla y León como órganos de gobierno de las provincias, plasmado en el artículo 47 de la norma básica. El Gobierno de Castilla y León, añadió, «defiende las diputaciones antes, ahora y mañana» porque es «un mandato estatutario» y se sabe el trabajo que hacen en apoyo a los municipios.

Una vez que estos grupos tengan elaborado su cometido se volverá a reunir la mesa. De Santiago-Juárez recordó que estos grupos «no empiezan de vacío» porque la Junta ya ha hecho un trabajo previo que facilitará para que profundicen en él. En todo caso, sin querer precisar fechas, sí habló de un plazo de entre dos y tres meses para que los grupos de trabajo presenten sus conclusiones. «Yo creo que se puede hacer un trabajo serio, riguroso y bueno en dos o tres meses», afirmó.