El grupo de financiación encarga a Hacienda informes sobre el coste de la prestación de servicios básicos

Partido Popular e IU consideran que el modelo actual no beneficia a Castilla y León y el PSOE apunta a una mayor corresponsabilidad fiscal que potencia a quien recauda más.

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El grupo de trabajo de financiación autonómica ha encargado a la Consejería de Hacienda estudios técnicos de evolución del modelo para avanzar en la posición de Castilla y León ante la propuesta que realice el Gobierno para la revisión del sistema vigente. Todas las partes, formaciones políticas y Junta, coinciden, aunque con algunos matices, en que el actual modelo no es beneficioso para la Comunidad Autónoma y respaldan que se acuerde uno nuevo en una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Tras su constitución en junio, el grupo de trabajo mantuvo una reunión el pasado mes de septiembre para fijar las líneas de actuación para los próximos meses, según explicaron a Ical el portavoz de Hacienda del PP, Salvador Cruz, y el procurador de IU, José María González, quienes afirmaron que avanzarán hacia una posición de comunidad, aunque reconocieron que tendrán que esperar a conocer la propuesta del Gobierno. Los estudios técnicos son la base para conocer la evolución del sistema y conocer lo que cuesta la prestación de los servicios básicos en una Comunidad dispersa, con menor población y envejecida.

Ambos responsables políticos mantuvieron que este grupo no se romperá si surgen diferencias por opiniones diferentes en la evolución del actual modelo o en otros conceptos, y subrayaron que las bases de trabajo están en la moción, primero, y en la propuesta de resolución del debate de política general, después, aprobadas por unanimidad de las Cortes de Castilla y León.

«Los matices no van a romper el grupo, las reuniones no son sólo para hacer un balance y ver como funciona el sistema actual, sino para consolidar un modelo y fijar la posición de la Comunidad», opinó también el portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, para quien, como para su compañero, el actual sistema «ha fracasado» porque no cubre la financiación de los servicios básicos esenciales de Castilla y León.

Según el Grupo Socialista, la posición de comunidad está reflejada en la propuesta de resolución, que de forma idéntica presentaron PP y PSOE en el debate de política general y se aprobó con el respaldo de toda la Cámara. En ese texto, además de las variables de superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento, se recogen que el nuevo modelo sea resultado del consenso multilateral, que se garanticen los recursos suficientes para los servicios, que se mantengan niveles similares en todas las autonomías, que se incluya la dependencia y el coste de competencias derivadas de la reforma local y que se potencien los mecanismos de solidaridad.

Para Salvador Cruz, además del acuerdo en Castilla y León, se buscarán posiciones comunes con autonomías con características demográficas similares a las de la Comunidad, como Galicia o Asturias, al tiempo que subrayó el avance de que se haya creado un grupo así, algo que no ha sucedido, según le consta, en otras comunidades, que «les ha parecido un paso acertado». En tal sentido, González añadió que autonomías como Aragón han valorado la idea.

El procurador de IU rechazó modelos asimétricos y el portavoz popular de Hacienda lamentó que el modelo actual llegará de la negociación bilateral del anterior Gobierno con Cataluña, por lo que ambos remarcaron que la aprobación de uno nuevo debe ser por consenso multilateral. Junto a ese carácter asimétrico, González calificó de «perjudicial» los acuerdos del Ejecutivo central fuera del sistema de financiación autonómica.

Desde la coincidencia de que la financiación autonómica es «vital», compartieron que el actual modelo no es beneficioso para Castilla y León. Cruz recordó el descenso en un 14 por ciento en los últimos presupuestos de las transferencias a las comunidades y señaló las quejas de presidentes autonómicos, entre ellos Juan Vicente Herrera, que ha denunciado que los recursos recibidos del modelo no cubren el presupuesto de sanidad, educación y servicios sociales y hay un «déficit alarmante». En opinión de José María González, «lo más perjudicial» son los acuerdos del Gobierno central con otros autonómicos para vías de financiación fuera del sistema.

Según el Grupo Socialista, el incremento de la corresponsabiladad fiscal en los tributos cedidos en el modelo vigente beneficia a comunidades con más población y, por tanto, con más recaudación y es menos positivo para comunidades como Castilla y León, aunque recordó también que la Junta asumió el sistema acordado durante el mandato del último Gobierno socialista.