Toma de posesión del nuevo gerente del Servicio Público de Empleo
El Consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones. / Rubén Cacho

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), a través de una resolución de la que se ha hecho eco este miércoles la administración autonómica, avala la capacidad competencial de la Junta para financiar la actividad de a Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA).

Por tratarse de una fundación pública de la comunidad autónoma, es la administración autonómica la única entidad que financia la actividad del SERLA, pese a que de la misma forman parte los agentes sociales: sindicatos mayoritarios (CC.OO y UGT) y organizaciones empresariales (CEOE).

Esta resolución judicial tiene su origen en la demanda interpuesta por CC.OO y UGT contra la decisión de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y que dirige Mariano Veganzones (VOX), de financiar con 400.000 euros la actividad del SERLA, una aportación que ambas organizaciones consideran insuficiente.
Esta aportación, condicionada a determinados requisitos, fue publicada el pasado 13 de abril a través de una orden firmada por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Además de los sindicatos mayoritarios, en este procedimiento judicial también se personó el Ministerio de Trabajo en apoyo a la demanda que ha sido sustanciada en la Sala de lo Social que el TSJ de Castilla y León tiene en Valladolid, a través de una sentencia fechada el pasado 3 de noviembre.

El TSJ ha declarado la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la orden de la Junta de Castilla y León, al considerar que la financiación del SERLA no figura entre las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que responde a una cuestión organizativa de la Junta ceñida, entre otros criterios, al de su estabilidad presupuestaria.

El SERLA, constituido en 1997, es un servicio autónomo para la resolución de conflictos laborales al margen de la vía judicial, con el fin de mediar entre las partes y evitar la dilación del proceso. Su posterior desarrollo y dotación, a partir de 2005, es fruto de uno de los acuerdos adoptados en el Diálogo Social entre administración, empresarios y sindicatos.