
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nula la ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento de Soria en diciembre de 2021 para subir el tipo impositivo del IBI del 0,56 al 0,575 por ciento.
La sentencia condena en costas al Ayuntamiento de Soria, que podrá recurrirla en casación, han informado este jueves fuentes del organismo judicial.
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), que presentó el recurso, ha informado de que realizará las oportunas tramitaciones para que le sea devuelto a las empresas el IBI relativo al año 2022, cuando la sentencia sea firme.
Tras la aprobación de esta ordenanza, FOES estimó la oportunidad de recurrir dicha decisión por entender que existía un defecto procedimental, entre otras razones.
La sentencia determina que el Ayuntamiento de Soria incumplió la normativa procedimental a la hora de aprobar dicha ordenanza, limitando con ello las garantías de los contribuyentes, por lo que dicha ordenanza, según el TSJ, es nula de pleno derecho y con ello, las liquidaciones tributarias realizadas según la misma: esto es, los cobros del IBI del año 2022.
En su fallo, el TSJCyL añade que el expediente de modificación de la ordenanza fiscal carece de informe o documento alguno que sirva para sustentar su pretensión, pues no se demuestra que el tipo impositivo del IBI en Soria esté por debajo del de otros Ayuntamientos.
Y tampoco que su incremento sea necesario para el sostenimiento de los servicios municipales y no se ha justificado que sea respetuosa con los principios de buena regulación, “lo que supone que existe una notoria falta de motivación que provoca la nulidad del citado expediente y de la resolución impugnada”.
FOES lleva años presentando alegaciones al Ayuntamiento de Soria, solicitando rebaje el IBI para las empresas, por entender que la bajada de dicho tipo impositivo tiene un efecto beneficioso para la consolidación del sector empresarial y para la creación de puestos de trabajo.
A pesar de su insistencia, estas demandas no han sido tenidas nunca en cuenta por parte del consistorio soriano que preside como alcalde Carlos Martínez (PSOE).