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Pancarta en Nava de la Asunción demandando servicios médicos./ AMADOR MARUGÁN

Ni la Consejería de Sanidad ni Sacyl han previsto contratar a nuevos médicos extracomunitarios sin título homologado, pese a la falta de profesionales de Medicina de Familia y Comunitaria. La Ley lo permite, y está siendo un atajo en el conjunto del país para paliar las dificultades de los sistemas sanitarios para cubrir plazas de especialidades deficitarias, como ocurre con los facultativos de Atención Primaria, pero la voluntad de Sacyl es que estos profesionales, con el título general en Medicina, se incorporen con la homologación.
De hecho, el Sacyl no cierra la puerta a ningún país, tanto en Primaria, como en Especializada, donde el recorrido es mucho más complejo, para lo que incluso cuenta con una unidad para avanzar en el procedimiento que marca la ley y agilizar posibles contratos en un proceso que “nada difícil”, según explicó a Ical el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces.

UNA SOLUCIÓN DE EMERGENCIA

Es más, estos médicos, muchos de ellos procedente de Latinoamérica y con apego al medio rural, son una solución cuando la falta de médicos está haciendo mella en el territorio, en especial en los pueblos, con consultorios a los que este verano no llegaban los profesionales, por las contingencias estivales de vacaciones y permisos, incrementadas por las bajas covid, y que en algunas áreas obligaron a la Consejería a recurrir al transporte a la demanda y a trasladar a pacientes a otros pueblos en julio y agosto.
Lo peor está por llegar, ya que se espera que la carencia de estos profesionales se prolongue al menos otros cinco años y no sea hasta 2027 cuando se pueda empezar a equilibrar el número de médicos que se jubilan o abandonan el sistema con los que entran nuevos. De hecho se estima que en cinco años el 60 por ciento de los médicos de Familia de Castilla y León se jubilarán, y si no se toman medidas, con la situación actual no habrá remedio: si todos los residentes que acaban su período de formación se quedaran en la Comunidad, solo cubrirían el 60 por ciento de estas jubilaciones, y la realidad es que solo se queda el 30 por ciento.
En estos momentos, en Castilla y León trabajan 116 extracomunitarios sin título homologado en Medicina Familiar y Comunitaria que ejercen sus funciones en centros de salud y consultorios locales de las distintas gerencias de Sacyl. Son tres más que en enero de 2021, según la respuesta escrita del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, al procurador de Cs, Francisco Igea, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

APUESTA AUTONÓMICA

Desde la Consejería optan, además de por agilizar la homologación de los extracomunitarios desde el Ministerio, por garantizar que el sistema de elección MIR no deje plazas desiertas como ha ocurrido este año, y que se cree ya la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. También reclaman ampliar el número de plazas de formación especializada en Medicina Familiar y Comunitaria para afrontar el relevo generacional, y reformar el sistema de acreditación y el programa formativo de esta especialidad para después hacer una convocatoria extraordinaria de plazas.

DESDE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD SE PRETENDE garantizar que el sistema de elección MIR no deje plazas desiertas

Además, plantean la creación de un registro estatal de profesionales sanitarios que pueda servir para orientar las necesidades de formación y evitar así los déficit en determinadas especialidades, y poner en marcha medidas para que los médicos de familia tengan tiempo para recobrar su papel esencial como eje vertebrador de la atención integral de los ciudadanos.
Es la hoja de ruta de un frente común de gobiernos autonómicos del PP, junto al del País Vasco, que han puesto sobre la mesa de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para resolver el déficit de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

CONVOCADAS TODAS LAS PLAZAS

De momento, el departamento de Vázquez va dando pasos, y para el próximo año ofertará 190 plazas, por encima de las 161 de hace un año. Se trata de la cifra total acreditada, algo que no había ocurrido nunca antes.
A esta oferta “histórica” se une la posibilidad de prolongación del servicio activo hasta los 70 años, siempre que se cumplan las condiciones de capacitación; mejores condiciones laborales, evitando “contratos malos”, con posibilidades de investigación y docencia. n