El gasto en subvenciones a los partidos políticos en las pasadas elecciones del 13 de febrero en Castilla y León ascendió a 3,69 millones de euros, 1,9 millones correspondientes al gasto ordinario y 1,8 millones al envío de propaganda, repartidos de la siguiente manera: PP, 1.139.990 euros; PSOE, 1.219.574; Vox, 704.595; UPL, 86.568; Soria Ya, 32.644; UP, 176.289; Cs, 290.777; Por Ávila, 45.851.
Así lo detalló el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, durante la presentación del informe de contabilidad regional, donde destacó que los partidos, con carácter general, “declararon y justificaron” a tiempo todos los gastos electorales “salvo contadas excepciones”.
Concretamente, el Consejo de Cuentas advirtió que en algún caso de cuantías menores ha faltado la justificación del gasto o esta ha sido insuficiente: 17.483,94 euros en el PP; 13.857,74 en el PSOE; 1.699,85 en Vox; 368,37 en UPL y 2.321,12 en Ciudadanos.

GASTOS MENORES

En general, los gastos no electorales detectados se refieren a desplazamientos que no corresponden a candidatos, dirigentes del partido o personal al servicio de la candidatura; o bien se trata de alquiler de locales fuera de la campaña electoral o no se acredita que hayan sido gastos necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.
Asimismo, Amilivia indicó que algunas empresas, concretamente cuatro, que facturaron gastos electorales por importes totales superiores a 10.000 euros, incumplieron la obligación de remitir al Consejo de Cuentas la información detallada establecida en el artículo 133 de la LOREGL: las cuatro empresas suponen una de 11 en el PP; una de 23 en el PSOE; una de 11 en Vox y una de tres en Unidas Podemos.

el Consejo advirtió que en algún caso de cuantías menores faltó la justificación del gasto o esta fue insuficiente

Por ello, entre las recomendaciones que el Consejo de Cuentas incluyó en su informe se encuentran algunas como detallar y definir mejor la documentación contable electoral a presentar por las formaciones políticas; regular el sistema de financiación a través de plataformas digitales de financiación colectiva o definir con mayor detalle los conceptos de gasto a la realización de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas.
Del mismo modo, Amilivia propuso, ante las preguntas de los intervinientes en esta comisión, que las Cortes creen una ponencia para estudiar la modificación de la ley electoral para reducir los gastos de los comicios, clarificar también los gastos imputables y dilucidar la responsabilidad por incumplimiento de la ley, ya que, actualmente, no está definido.

DIFERENTES PROPORCIONES

En cuanto a las formaciones políticas, desde el Grupo Popular, la procuradora Leticia García Sánchez reflexionó sobre las ayudas que reciben los partidos minoritarios que, a su juicio, se ven beneficiados por esta ley, ya que acaban recibiendo más subvenciones por el envío de propaganda que por los escaños que obtienen y ha puesto el ejemplo de Ciudadanos: 18.000 euros por escaño y 130.000 euros por envío de propaganda.
Por su parte, desde el Grupo Socialista, Laura Pelegrina criticó la “irresponsabilidad” y el “derroche” que ha provocado la convocatoria anticipada de elecciones en la Comunidad, donde partidos como el PP han incrementado, según denunció la socialista, un 137 por ciento su gasto electoral y Vox un 5279 por ciento, de ahí que haya recordado el compromiso adquirido por todas las formaciones a reducir el gasto electoral.
Precisamente, a este gasto electoral se refirió el procurador de Vox Francisco Javier Carrera, que lamentó que estas cifras de gasto “hablen por sí solas” en un contexto de crisis económica, de ahí que catalogara de “auténtico escándalo” este gasto, por lo que propuso que la ley electoral sea “igual” en toda España y en ella se prime la financiación propia de cada partido.
Finalmente, en cuanto al Grupo Mixto, desde Unidas Podemos, Pablo Fernández propuso una reducción de este gasto electoral mediante el recorte en papelería y el envío de propaganda y buzoneo, ya que estas papeletas ya están disponibles en los propios colegios electorales.