La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural prepara una nueva orden sobre sanidad animal en la que, aunque “se adapte al reglamento europeo y a los programas nacionales”, no renuncia a flexibilizar los controles sobre la tuberculosis bovina, bajo la perspectiva de que de las próximas elecciones generales del 23 de julio surja “un cambio de gobierno que pueda favorecer otro modelo de movilidad nacional”.
Así lo anunció el consejero del ramo, Gerardo Dueñas, en una rueda de prensa celebrada ayer en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, donde avanzó que la nueva orden tardará “varios meses, aunque no muchos” y que esperó que “pueda ir paralela a determinados cambios en el modelo del programa nacional” de prevención, control y erradicación de enfermedades del ganado que espera que lleguen con ese “cambio de gobierno” anhelado por el consejero.
Informó también sobre la elaboración de una guía de funcionamiento interno que explicará “cómo va a hacerse el saneamiento a corto plazo” tras quedar suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) la resolución de la Junta del pasado 10 de mayo, que ya flexibilizaba la movilidad del ganado.
El texto, cuya legalidad fue defendida por Dueñas, tenía “discrepancias técnicas” con el reglamento europeo y el programa nacional que entró en vigor el pasado 16 de mayo, según reconoció el consejero, bajo la perspectiva de que “hay muchas interpretaciones dentro de la legalidad”, pero reiteró su esperanza en un nuevo programa, frente al de “máximos” actual, que haga “esa interpretación más flexible del reglamento comunitario” para que “la situación del sector mejore”.
“Todo el mundo busca la erradicación de la enfermedad, pero podemos hacerla de dos maneras”, explicó Dueñas, para quien “no podemos matar a todas las vacas para erradicar la tuberculosis” cuando el del ganado en Castilla y León es “un modelo espectacular en extensivo” que no se puede “eliminar” por ser “una de las principales fuentes de riqueza”.
Dueñas reconoció que eran “conscientes” desde la Consejería de que su resolución podía chocar con la legislación europea y que “algún sindicato veterinario podría recurrirla”, pero justificó su texto por la situación “crítica” de un sector, el ganadero, que estaba “demandando un cambio en los criterios de control de la enfermedad”.
Daños al sector
También se refirió Dueñas a la acusación del Sindicato de Veterinarios sobre los 3,8 millones de euros en que cifran el impacto económico negativo sufrido por el sector ganadero por su resolución. Una cantidad que el consejero de Agricultura calificó como “una auténtica barbaridad” que tiene “poco sentido” y que, en todo caso, se debe al “155 que aprobó el lunes el Ministerio”, ya que fue esa orden la que “impidió el movimiento” del ganado “con alevosía”, en relación a que su publicación el lunes impidió movilizar las cabezas de las reses que habían llegado el fin de semana al mercado de Salamanca.
Por último, y tras recordar que este planteamiento de flexibilización que ha emprendido su Consejería procedía “del anterior equipo de gobierno” y que incluso el propio presidente de la Junta ya habló de ello “en 2019 en Tamames”, Dueñas concluyó con un alegato en favor de la flexibilización porque se lleva “muy al extremo la defensa de la salud pública” cuando la posibilidad de zoonosis es “ínfima” y el nivel de afección de la tuberculosis en el ganado es “muy bajo”.
Volvió a reiterar Dueñas la legalidad de su resolución y apuntó que mantendrá la lucha en el contencioso-administrativo para “ayudar a que el sector ganadero, en esas zonas con ganadería salvaje cerca, pueda sobrevivir”.
