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El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes (i), participa en la presentación del informe AROPE de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN CyL). EFE/R. GARCIA

Un veinte por ciento (19,8 %) de la población de Castilla y León -474.000 personas- se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, un problema agudizado por la pandemia de la covid y por otros factores que ya están empezando a afectar a las familias, como la subida del precio de la luz o combustibles.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del Informe AROPE 2008-2020 presentado este viernes en las Cortes de Castilla y León por la organización EAPN, en el que se alerta de un incremento importante de la pobreza en la Comunidad, a pesar de que esta ocupe el quinto puesto en el conjunto de las autonomías en la denominada tasa AROPE.

Como ha explicado durante la presentación de este informe Rebeca Madruga, de EAPN, la tasa AROPE es el resultado de combinar tres indicadores relacionados con la pobreza, como son: la población que se encuentra en riesgo de pobreza; la población con carencia o privación material severa y la población que vive en hogares con baja intensidad de empleo.

La combinación y estudio de estos tres indicadores revela que el 20 por ciento de la población de Castilla y León vive en riesgo de pobreza o exclusión social, con un incremento del 18,7 por ciento en las personas en esta situación en un año, mientras que 363.000 personas están en situación de pobreza o pobreza severa -menos de 320 euros al mes-, un 15,1 % de la población de la Comunidad, con un incremento de dos puntos tras el ‘año covid‘.

Especialmente preocupante es la situación de algunos colectivos, como pensionistas o viudas, ya que, mientras que casi el 40 por ciento de todas las pensiones contributivas de la Comunidad están por debajo del umbral de la pobreza, las de viudedad lo están en un 54 por ciento y un 15 por ciento de ellas por debajo del de pobreza severa.

Asimismo, 86.000 personas, 31.000 más que el año pasado, viven en condiciones de privación material severa. Un indicador que sí recoge los efectos de la covid y que revela, por ejemplo, que un 5,4 por ciento de las personas de la Comunidad no pueden permitirse un ordenador personal, lo que “ha afectado sin duda durante la pandemia y a aquellos niños que no han podido seguir sus clases por falta de material“, ha ejemplificado Madruga.

De hecho, la pandemia ha provocado que las personas que manifiestan tener muchas dificultades para llegar a fin de mes hayan aumentado en la Comunidad un 57 por ciento respecto a 2019, algo que podría verse agudizado en los próximos informes de mantenerse la subida de precios en bienes básicos como la luz o los combustibles, han augurado desde EAPN.

Por todo ello, esta organización ha concluido que es necesario llevar a cabo políticas de “redistribución de la riqueza“, ya que la brecha social entre la población más rica la más pobre sigue acrecentándose.

Así, AEPN ha apremiado a las administraciones a utilizar la gran cantidad de fondos que están llegando y llegarán de Europa por la pandemia para reducir la pobreza en España y “atacar a la raíz del problema” que es la calidad del empleo, ya que este informe revela también el aumento de figuras como el “trabajador pobre“, que, a pesar de contar con uno o varios empleos, aún no puede cubrir sus gastos vitales, ha concluido Madruga.

En la presentación de este informe también ha estado presente el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, quien ha agradecido todo el trabajo y conocimiento que aporta AEPN y todas las organizaciones que incluye, que son más de una veintena.

Según Fuentes, los datos de este informe son “muy reveladores y muy duros“, por lo que ha expresado el compromiso de la institución parlamentaria en “seguir dando la batalla” contra la pobreza: “Aquí tenéis a un aliado“, ha apostillado.