Cortes apoyan un Comisionado de Transparencia mejor dotado y coercitivo

El Procurador del Común pide avanzar en la legislación sobre buenas prácticas públicas

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El Procurador del Común, Tomás Quintana López. / EFE
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Los grupos parlamentarios respaldaron ayer la petición del procurador del Común y comisionado para la Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, de contar con más medios materiales y personales y tener un poder coercitivo, a través de multas, ante incumplimientos de sus resoluciones.

Quintana detalló ayer en la Comisión de Relaciones del Procurador del Común de la Cortes el tercer informe como Comisionado de Transparencia y aunque valoró estos tres años con la actual ley de transparencia regional, que vio como un primer paso, demandó “un paso más” para contar con más medios materiales, humanos y jurídicos y que lo que hacen no se quede en papel mojado.

Con la actual ley “parece que estamos jugando un partido amistoso que no vale para nada, hay que dar un paso más”, demandó el comisionado, en la línea de lo planteado por todos los organismos de transparencia en la ‘Declaración de Cádiz’ de 2018.

“La ley de transparencia ha sido positiva” pero queda “mucho camino por recorrer”, incidió Quintana, que pidió a los grupos que se “pongan de acuerdo” para “más pronto que tarde” tener una nueva ley.

Todos los grupos secundaron los avances que planteó el comisionado para que la transparencia y el derecho de los ciudadanos a saber sea una realidad.

Desde Ciudadanos, el procurador Juan Pablo Izquierdo, recordó el anuncio que hizo la semana pasada en el Consejo de Gobierno el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Francisco Igea, de una nueva ley de Transparencia.

Y desde el PSOE, la viceportavoz adjunta del grupo socialista, Virginia Barcones, anticipó que si antes de final de año la Junta de Castilla y León no ha elaborado esa propuesta legislativa en transparencia será su formación la que la lleve a las Cortes en forma de proposición de ley.

Desde el PP, el procurador Jesús Ángel Peregrina, se mostró abierto a estudiar esas mejoras para que el comisionado pueda cumplir con la labor encomendada, con ese posible régimen sancionador para los que no cumplan con el deber de transparencia y de facilitar información a los ciudadanos, por más que entienda que poco a poco se va avanzando en esa cultura de la transparencia y que publicar los incumplimientos ya suponga un elemento de presión.

Se trata de “fortalecer la aplicación práctica de la ley para que la transparencia no sea un mero adorno sino un derecho ejercitable”, defendió el comisionado, que recordó que a diferencia de lo que ocurre con el Procurador del Común las resoluciones de transparencia son de “obligado cumplimento para sus destinatarios”.

Pero al no tener medios adecuados para garantizar su ejecución, como serían las multas coercitivas, dependen de la “buena voluntad” de las administraciones, muchas de las cuales “tienen la cultura de la transparencia como un adorno o florero”.

A 15 de julio de 2019 “no se habían cumplido aún el 31 por ciento de las resoluciones adoptadas en 2018 (un total de 225), y estaban pendientes tres de 2016 y siete de 2018. El Comisionado valoró la mera existencia de una ley de transparencia, nacida en la crisis y que ahora necesita de más medios.