El pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León convalidó hoy el Decreto-ley destinado a agilizar la gestión de los fondos europeos con el voto a favor de la mayoría absoluta de los socios de PP y Vox y la abstención de todos los grupos de la oposición, después de que el PSOE pidiera que se tramitara como proyecto de ley, lo que fue rechazado por los grupos gobernantes.

El Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 23 de junio, fue presentado en el pleno por el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, quien afirmó que “se da un paso firme” en una buena regulación sin que mermen los controles.

“Asegurar la efectiva ejecución de fondos y que su gestión sea lo más ágil posible”, manifestó Carnero que es el objetivo de este decreto y enumeró algunas de las normas que se modifican la ley de Subvenciones, la de Montes o Urbanismos y Vivienda, además de dotar de mayores competencias al Ente Regional de la Energía (EREN).

En materia de vivienda y urbanismo, incorpora la vivienda ‘cohousing’ a colaborativa, se elimina la prohibición de dar ayudas a viviendas que no sean promovidas para uso propio en el mundo rural y se atribuye a la Administración de la Comunidad la condición de beneficiario de las ayudas estatales destinadas al incremento del parque público de viviendas.

Respecto de la sostenibilidad ambiental, se establece un nuevo procedimiento integral para la autorización de instalaciones de energía renovable, como medida para reducir la dependencia de combustibles fósiles y países terceros en materia de energía. Se trata, como explicó, de estimular los proyectos de energías renovables, pero con una regulación que asegure que “no se ubiquen en zonas con las que resulten incompatibles por motivos ambientales, patrimoniales”.

Se modifica la Ley de Montes para que los aprovechamientos de madera solo requieran una declaración responsable; en comercio se incluye un programa de modernización del comercio del fondo tecnológico; y en servicios sociales, la prestación económica para situaciones de urgencia social se dirige a las personas más vulnerables, que no pueden cubrir por sus propios medios gastos específicos.

“Tarde y mal”

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, manifestó que “una vez más llegan tarde y mal” por “meses de inacción” en la Junta dado que los fondos tienen unos plazos y las comunidades tienen que agilizar su ejecución para no devolver las partidas y recordó que desde hace más de un año otras autonomías ya han aprobado la normativa para agilizar los fondos europeos.

Gómez incidió en que Castilla y León ha recibido 983 millones de fondos europeos para su gestión directa por la Junta sin que se hayan podido ejecutar en su mayoría porque el PP “ha puesto por delante sus intereses” con la convocatoria electoral de febrero y criticó que se utilice el decreto ley como “un coladero” de lo que había pendiente, por la falta de aprobación de los presupuestos.

Afeó que se amplíen las competencias de la Sociedad de Medio Ambiente (Somacyl) para ejecutar obras en infraestructuras sanitarias y criticó lo recogido en la ley de caza, que vio como una concesión a Vox, para anunciar la abstención que se cambiaría al “si” en caso de que se acepte la tramitación como proyecto de ley para poder presentar enmiendas.

“El único que ha cumplido con esta tierra se llama gobierno de España”, sostuvo la socialista, que censuró la ofensiva del Partido Popular en Europa en contra de los fondos europeos y subrayó que de las cinco comunidades que han recibido más fondos, están tres gobernadas por el PP, Andalucía, Castilla y León y Madrid.

Poco después, en declaraciones en los pasillos de las Cortes, el portavoz socialista, Luis Tudanca, lamentó que PP y Vox no recogieran “la oportunidad” ofrecida por su grupo de tramitarse como proyecto de ley y subrayó que la abstención, que podía haber sido un “sí”, es una prueba de una oposición constructiva.