El fiscal superior de Justicia de Castilla y León, Santiago Mena, dio a conocer ayer el dato del total de procedimientos incoados en la Comunidad durante el año 2022, un total de 97.437.
Mena presentó ayer en las Cortes la memoria de la Fiscalía de Castilla y León correspondiente al 2022 y ofreció algunos de los datos recogidos en esta, como los procedimientos en materia penal, que representan la actividad principal de los órganos durante el año 2022, cuando se incoaron 75.153 diligencias previas, 6.871 diligencias urgentes, 15.262 juicios por delitos leves, 128 sumarios y 23 procedimientos con jurado.
Es decir, un volumen total de nuevos procedimientos de 97.437, casi 100.000, que supone un 9,3 por ciento más que las del año anterior, en el que se incoaron 89.126 asuntos por estos mismos conceptos. Crecieron, además, un 23 por ciento por encima de 2020, aunque se observan las mismas cifras que en 2019, antes de la pandemia, cuando se llegó a los 95.000.
Los delitos contra la libertad sexual crecieron casi un 20 por ciento en 2022 en Castilla y León, hasta totalizar 1.354 procedimientos incoados en la Comunidad, de los que 1.021 lo fueron en diligencias previas, concepto que incluso se incrementa más, un 25 por ciento.
Además, se acordaron 32 medidas de prisión provisional, un 18 por ciento menos que el año anterior. Se redactaron por las fiscalías 215 escritos de acusación frente a las 188 del año anterior, un 14,3 por ciento más que en 2022; y se dictaron 228 sentencias, 16 menos, lo que supone un descenso del 6,5 por ciento. Igualmente, en 2020 el número de calificaciones fue de 164 y 122 sentencias; mientras que un año antes, de 188 y 168, respectivamente.
Datos que, apuntó, constatan que ya se ha recuperado la actividad judicial previa a la pandemia del COVID, por que las cifras son muy similares a las de 2021. Apuntó que los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico son los más numerosos, un año más.
En cuanto a los delitos contra la violencia sobre la mujer, en 2022 hubo un incremento del tres por ciento, al pasar de los 6.900 a los 7.100 asuntos. Destacó el aumento del 29 por ciento de los asuntos de acusación, con el delito más habitual de maltrato ocasional y quebrantamiento de medida de condena, que duplicó su incidencia.
También se refirió a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del artículo 416, que inicialmente permitía a las víctimas y familiares acogerse al derecho de no declarar contra el presunto agresor como su marido o pareja. Pese a que el criterio es más restrictivo, Mena lamentó que muchos asuntos no siguen adelante por que es la única prueba que existe.
Menores y móviles
Santiago Mena, alertó de que en la “mayor parte” de los delitos e de la jurisdicción de menores intervienen medios digitales como el teléfono, las aplicaciones y las redes sociales. Aunque se mostró esperanzado en que este tipo de acciones descienda con la puesta en marcha de algunas medidas como la prohibición del uso del móvil en las aulas.
Mena subrayó que los delitos por abusos sexuales aumentaron un once por ciento con respecto al año anterior, hasta los 61. Agresiones que, precisó, también tienen un trasfondo de exhibicionismo, para los jóvenes cometer un acto delictivo que les satisface “se convierte en mucho más completo si se da a conocer a sus seguidores”.
