Castilla y León contará con un modelo de informe de salud normalizado y único que evitará al ciudadano presentar múltiples documentaciones y permitirá a los valoradores de los Servicios Sociales autonómicos fundamentar adecuadamente la valoración de la discapacidad y agilizar el reconocimiento del grado de la dependencia.
Esta es una de las novedades que introduce la orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en la comunidad y que publica este viernes el boletín oficial de Castilla y León.
La Consejería ha explicado que con esa regulación se articularán sinergias entre los procedimientos de reconocimiento de discapacidad y dependencia y se creará, con Sanidad, un único modelo de informe de salud.
La norma tiene como objetivo ajustar la tramitación autonómica a lo establecido en el real decreto estatal, e introduce una serie de novedades para mejorar la calidad y la agilidad del proceso y facilitar el papel que han de jugar los ciudadanos inmersos en el procedimiento.
Apuesta por la eliminación de duplicidades innecesarias como sucede cuando una persona en pleno reconocimiento de una discapacidad ya ha pasado previamente por un procedimiento de valoración de su grado de dependencia.
En el caso de que existieran informes relativos a este último proceso, serán válidos y podrán incorporarse al expediente sobre discapacidad para evitar multiplicar el trabajo y demorar la tramitación.
Ello entronca directamente con otra de las aportaciones que realiza la Consejería en esta orden, un pilar esencial en el procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad es el diagnóstico clínico, esto es los informes emitidos por los profesionales médicos en los que se reflejan las dolencias o patologías que puedan sufrir esos ciudadanos.
La inexistencia hasta la fecha de un modelo de informe sanitario normalizado dificultaba el trabajo de los profesionales de los Servicios Sociales, ya que la interpretación de dicho diagnóstico clínico no es tarea sencilla.
Por ello, las consejerías de Familia y Sanidad han elaborado un modelo de informe de salud normalizado y único, para evitar así la presentación de múltiples informes por parte del ciudadano y que, además, permita a los valoradores de los equipos multiprofesionales de los Servicios Sociales autonómicos fundamentar adecuadamente la valoración de la discapacidad.
Otra gran novedad es el impulso de la historia social única en este procedimiento, de forma que “los citados valoradores de los equipos multiprofesionales de los Servicios Sociales podrán acceder, también durante el proceso de reconocimiento y valoración del grado de discapacidad, a toda la información previa existente del usuario en cuestión”.
De cara a los propios interesados, la Consejería de Familia, a través de esta orden, respalda los medios telemáticos en cuanto al procedimiento, ya que podrá realizarse una valoración por informes a disposición de los profesionales en el sistema informático para así evitar desplazamientos de personas que, en muchas ocasiones, tienen movilidad reducida.
La Consejería ha recordado que en 2023 entró en vigor otra orden por la cual se adaptaban las Unidades de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad dependientes de las gerencias territoriales de Servicios Sociales a la normativa estatal.
