Aprobado el decreto ley de Servicios que elevará un 1,1 por ciento el PIB y creará 9.500 empleos en tres años

De Santiago-Juárez subraya que la norma, que modifica 20 leyes autonómicas, elimina los criterios de planificación económica y algunas autorizaciones administrativas

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El Decreto Ley de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, que aprobó ayer el Consejo de Gobierno y que modifica 20 normas autonómicas que afectan a los ámbitos de trabajo de las 12 consejerías, generará un aumento del 1,1% del Producto Interior Bruto regional y creará entre 7.000 y 9.500 empleos en tres años en la Comunidad. De esta forma, la Junta se convierte en uno de los tres ejecutivos autonómicos que cumple con el plazo otorgado para la transposición de la Directiva Europea de Servicios, que expira el 27 de diciembre.

Así lo explicó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quién valoró la relevancia de este «buen» decreto puesto que se prevé que en España produzca, también en tres años, un crecimiento del 1,2 por ciento del PIB y genere 150.000 puestos de trabajo.

El consejero recordó que este decreto, que se publicará el sábado, ha sido elaborado durante los últimos 18 meses por la Junta tras mantener 12 reuniones internas y otros encuentros con diferentes responsables de las cámaras de comercio e industria, de Cecale, UGT, CCOO y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Además, precisó que el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes sólo se interesó por los cambios que introducía esta iniciativa en el ámbito del comercio.

Este decreto, que De Santiago-Juárez calificó de «auténtica reforma estructural», pretende cumplir con el acuerdo de la Estrategia de Lisboa de diciembre de 2006, que establecía la aplicación de esta directiva cuyo objetivo es crear un mercado interior de servicios, suprimiendo aquellas barreras que se pueden eliminar rápidamente y que obstaculizan las libertades de establecimiento. Esta iniciativa europea obligaba a reformar el ordenamiento jurídico español antes del 27 de diciembre.

Así, el portavoz señaló que Castilla y León cumple «en tiempo y forma» con la moratoria que establecía la directiva. Sin embargo, criticó la actuación del Gobierno de España puesto que para la reforma de las 20 leyes autonómicas, que modificará, la Junta debía conocer los cambios introducidos en la normativa estatal, que se aplicarán a través de tres leyes. En este sentido, el Ejecutivo de Zapatero ya ha aprobado la denominada ‘Ley Paraguas’ (Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio). Sin embargo, todavía no han superado el trámite parlamentario la ‘Ley Ómnibus’, que publicó ayer el Ejecutivo, mientras que la tercera norma, la de reforma de la Ley de ordenación del comercio minorista, no se ajustará a los plazos previstos ya que no llegará a la cámara baja hasta febrero.

Además de estas cuestiones, el consejero portavoz destacó que el decreto elimina los criterios de planificación económica para autorizar los proyectos y suprime las autorizaciones administrativas que en ciertos casos se sustituyen por una declaración responsable del ciudadano que abra un negocio.

De Santiago-Juárez también apuntó que este decreto «abre» y «allana» el camino a Ikea en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).