El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno, con la abstención de PSOE y Podemos-Equo, a la convalidación del Decreto Ley de la Junta de medidas extraordinarias para la atención social en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad cuyo objetivo es reforzar la cobertura ante posibles rebrotes de Covid-19 o ante nuevas crisis de salud pública que pongan en peligro a la población “más vulnerable”.
Entre las novedades de este Decreto Ley, “el primero en España en este sentido”, según ha significado la consejera de Familia, Isabel Blanco, en la defensa de un proyecto “pionero”, destaca la obligación de que los centros dispongan de existencias de equipos de protección individuales (EPI) según determinen en cada caso los servicios de prevención de riesgos laborales y del material necesario para la atención a los usuarios, al menos, durante un periodo de cinco semanas.
Este depósito de existencias deberá incluir también material de protección para uso de los residentes en número proporcional a la ocupación real del centro y en función de las necesidades reales de atención. Además las entidades titulares deberán comunicar el remanente de sus existencias disponibles a la Administración pública competente ante situaciones extraordinarias por causas de salud pública y una vez asegurada la suficiencia de sus propias necesidades.
“Nos estamos anticipando a lo que pueda ocurrir, es un punto de partida”, ha explicado Blanco que ha reconocido la necesidad de adoptar “medidas extraordinarias” para reforzar la atención a los usuarios de los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad junto a la seguridad del personal de los centros.
La procuradora socialista María Isabel Gonzalo ha advertido del “ejercicio de malabarismo” que ha realizado la Consejería de Familia a través de un Decreto-Ley “incompleto” que, según ha lamentado, deja de lado “cuestiones esenciales” para el grupo mayoritario que ha pedido una “ley de verdad”.
“Uno de los problemas más serios que hemos tenido es la falta de personal”, ha evidenciado Gonzalo que ha compartido aspectos como la importancia de los inspectores o que no se someta al personal a rotaciones si bien ha advertido de que con las “exiguas ratios” no habrá suficientes profesionales para dar cumplimiento a este requisito, con dudas sobre cómo se organizará el personal sanitario en las residencias o sobre qué ocurrirá con los centros de día.
“Nos da mucha pena que el tiempo nos haya dado la razón”, ha sentenciado la socialista como ha apuntado también la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, que ha aclarado que el modelo residencial de Castilla y León no ha hecho aguas, como asumió en su día la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya que “estaba ahogado desde hace años” por lo que ha pedido una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas.
