El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó ayer la anulación de los planes de pensiones en el sector agrario, así como de la ayuda de tres euros por tonelada a los productores de remolacha, medidas ambas que formaban parte de las 41 incluidas en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013. La Consejería ha tomado esta decisión tras la deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del jueves pasado.
Así, la Junta esgrime motivos económicos para suprimir estas dos iniciativas. La primera nació con el doble objetivo de mejorar las rentas de los agricultores y ganaderos una vez que dejan la actividad agraria y de facilitar la reestructuración en el sector mediante la incentivación del cese del beneficiario del plan y la cesión de su explotación a otro titular más joven.
Esta medida se desarrolló a través de la convocatoria de una línea de ayuda dirigida a los agricultores y ganaderos a título principal de Castilla y León, que se comprometieran a ceder su explotación a los 65 años y suscribieran alguno de los planes de pensiones subvencionados.
La financiación prevista para esta medida era de 63 millones en el periodo 2007-2013.
Por otro lado, el Plan de competitividad en el sector remolachero tenía el fin inicial de fijar un marco estable para el cultivo de este tubérculo en Castilla y León, que permitiera alcanzar un grado óptimo de competitividad del producto vinculado a prácticas dirigidas al ahorro de costes y al incremento de la productividad.
Esta medida se desarrolló a través de un régimen de ayudas a la producción y a través de la financiación parcial de los planes de competitividad para ahorro de costes desarrollados en Castilla y León por las azucareras. La financiación prevista para esta medida era de 50 millones en 2009-2013.
La Junta argumenta que la aprobación en 2006 de la nueva OCM en el sector del azúcar condicionó la decisión de España de reducir el 50% de su cuota de producción, lo que determinó que la Consejería «desarrollara una intensa labor de negociación con las dos empresas azucareras que tenían su actividad industrial en Castilla y León», AB Sugar y Acor, «que culminó con la suscripción de un acuerdo en marzo de 2008». Este convenio permitió apoyar a los cultivadores que permanecieron en la actividad mediante las ayudas económicas establecidas en la normativa europea complementadas con las ayudas autonómicas fijadas, que se elevan a tres euros por tonelada. Con ello, Castilla y León «se consolidó como la principal productora de España», según la Junta, con el 84% de cuota de producción de azúcar vinculada a la práctica totalidad de las fábricas azucareras de España, de las cuales cuatro están instaladas en la región y otra en Andalucía.
Además, la firma permitió que los aproximadamente 6.000 agricultores remolacheros de Castilla y León accediesen desde la campaña 2009-2010 a la ayuda establecida por la UE por un importe de más de 19 millones anuales, con una vigencia de cinco anualidades hasta la campaña 2013-2014. El Acuerdo permite conceder ayudas de Estado, por lo que el Gobierno de Castilla y León asumió en solitario aportar en este concepto 18,4 millones, para las dos primeras campañas.
Pero la Junta entiende que una vez superada la fase de transición originada a raíz de la reforma de 2006 y, «dadas las dificultades económicas descritas, es necesario prescindir de esta medida, financiada con presupuesto autonómico». Al respecto, reitera que «es preciso que, después del esfuerzo del Gobierno autonómico y ante la buena evolución del precio del azúcar, el sector busque nuevas fórmulas en la formación de los precios, que ya se están aplicando en otros países de la UE a los productores de remolacha».
