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Varios vehículos, en una de las gasolineras desatendidas que existen en la provincia. / EL ADELANTADO
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Casi una decena de gasolineras, de las 70 que operan en la provincia de Segovia, pueden ya funcionar sin la presencia física de personal. La última normativa europera modificó el Estatuto del Consumidor de Castilla y León y ahora se permiten las gasolineras desatendidas en la Comunidad Autónoma tras quince meses desde su prohibición.

Varias eran la gasolineras que habían abierto en la provincia bajo este sistema de autoservicio, pero tuvieron que disponer de personal, porque habían sido vetadas por la legislación de Castilla y León, una de las más restrictivas en esta materia, frente a otras como Cataluña o Andalucía. Desde enero de 2017 las gasolineras desatendidas estaban prohibidas, y desde entonces han estado operando con personal presencial. Pero la Comunidad tuvo que modificar la norma para dar cumplimiento a una ley superior, en base a la libre competencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) asegura en un informe que las gasolineras automáticas permiten que los los precios del combustible se abaraten alrededor de un 2% respecto a las estaciones de servicio atendidas.

Quien había encabezado la lucha para que se permitieran las gasolineras desatendidas en Castilla y Leó fue la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACyL), que pedía una excepción a la hora de que pudieran funcionar este tipo de instalaciones en los casos en los que el titular fuera una cooperativa o ésta tuviera mayoría. En Segovia de las nueve que actualmente están calificadas como desatendidas, tres las gestiona una cooperativa: Glus-I, ligada al sindicato agrario UCCL. Lo hace en colaboración con el Grupo AN y cuentan con instalaciones en Cuéllar, Carbonero el Mayor y Fuentesaúco de Fuentidueña.

La localidad donde hay más gasolineras desatendidas es Cantalejo, con dos instalaciones, aparte de otra tradicional. Octavio Sanz, gerente de una de cada tipo, asegura que en su caso todavía conserva el personal que debió contratar, y recuerda que las gasolineras desatendidas están obligadas a cumplir una serie de requisitos en materia de seguridad, como un sistema de videovigilancia las 24 horas, que estará controlada por una empresa especializada. También han de tener sistemas automáticos de extinción de incendios, y en breve será obligatorio un dispositivo por el que los clientes contacten directamente con la empresa ante posibles incidencias, como ocurre ahora con los cajeros automáticos de los bancos.
Fuentepelayo, El Espinar, Valverde del Majano y Boceguillas también disponen de este tipo de surtidores automáticos.

A nivel estatal, la batalla para dar vía libre a las gasolineras desatendidas la llevó la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), una organización que agrupa a 350 estaciones desatendidas de toda España, el 60% del total. AESAE denunció al Gobierno en marzo de 2017 ante la Comisión Europea por la proliferación de normativas regionales contrarias al desarrollo de las gasolineras desatendidas y por eso presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el último decreto del Gobierno. A raíz de ello Bruselas advirtió de que las limitaciones que imponían comunidades como Castilla y León vulneraban las normas comunitarias de libre competencia.

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