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Los alojamientos rurales quieren legalidad./EL ADELANTADO
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La Asociación de Turismo Rural y Activo en Segovia reclama a la Junta de CyL que tome medidas ante las plataformas de internet dedicadas al turismo que no publiciten aquellos alojamientos turísticos no autorizados conforme a la actual legislación; y han señalado hasta 30 alojamientos ilegales que se publicitan y alquilan en la provincia con el fin de que la autoridad competente de la Junta de Castilla y León proceda en consecuencia.

En un escrito presentado al director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Utrilla, la asociación presidida por Domingo Asenjo constata la existencia en la región de más de un centenar de alojamientos para su uso turístico en portales especializados como Homeaway, Air Bnb o Tripadvisor entre otras “sin tener la correspondiente y preceptiva autorización de la comunidad autónoma”.

Asimismo, señalan que en otras comunidades como Cataluña, Baleares o Valencia, sus gobiernos autonómicos “ya han conseguido que las plataformas de alojamientos turísticos mencionadas y otras no publiciten a los que no tengan la obligatoria autorización de la comunidad”.

De este modo, solicitan al director general que su departamento promueva el proceso administrativo para la regulación de los alojamientos turísticos, y que entre otras medidas “se requiera a los portales de internet que sólo publiciten a los alojamientos y empresas de Turismo Activo que acrediten tener el número de autorización del organismo pertinente de esta comunidad autónoma”.

Para completar esta solicitud, Turismo Rural y Activo en Segovia ha presentado un escrito al Servicio Territorial de Cultura y Turismo con una relación de más de 30 alojamientos turísticos ilegales en la provincia, para que se les abran los correspondientes expedientes sancionadores o de cierre en su caso.

La asociación recuerda que Segovia cuenta con más de 700 casas rurales, apartamientos y viviendas de uso turístico autorizados “y que cumplen con sus obligaciones de prestaciones de seguridad y de hacienda que establecen las normas que los regulan, dando una imagen y un servicio de calidad que crea un prestigio y que no podemos arriestar a perder con los más de un centenar de alojamientos ilegales que se publicitan y se alquilan sin que nadie los controle ni en la calidad, ni en la seguridad ni en sus impuestos”.

Formada por una serie de empresarios y empresas que prestan servicios de alojamiento rural y turismo activo en la provincia de Segovia, la Asociación, cuenta entre sus asociados con una amplia oferta de alojamientos rurales de todos los tipos y categorías, adaptados a las diferentes necesidades demandadas por nuestros visitantes. Así mismo disponede una amplia oferta de actividades por tierra, agua y aire para disfrutar de la naturaleza con monitores altamente cualificados y un material deportivo de calidad, para ofrecer las máximas garantías de seguridad.

Los portales, dispuestos a colaborar,
pero reclaman un marco legal “claro y justo”

Por parte de las plataformas dedicadas a la oferta o intercambio de alojamientos, la voluntad de colaborar con las administraciones públicas y los empresarios es inequívoca, pero precisan la necesidad de contar con un marco legal que acabe con la situación de “confusión” existente en España, cuyas normas “no diferencian entre ciudadanos normales que comparten su hogar y operadores profesionales que desarrollan un negocio”.
Desde Airbnb, y a través de su gabinete de comunicación, se señala que los profesionales que utilizan su plataforma como canal de comercialización para alquileres de corta estancia o pisos turísticos “deben cumplir con la normativa turística, pero sin embargo la normativa para los particulares que quieren compartir su vivienda no está clara”, Así, entiende que las personas “tienen derecho a compartir su residencia habitual y siempre ha reclamado un marco legal claro y justo para ellas”.
Además, recuerda que la Comisión Europea “también ha defendido en numerosas ocasiones que quiere luchar contra las leyes confusas y fragmentadas que impiden que los ciudadanos puedan beneficiarse de la economía colaborativa. Airbnb quiere trabajar con los gobiernos en una normativa que facilite que la gente corriente, y no solo a las grandes empresas, puedan beneficiarse del turismo”.
También expresa su voluntad de trabajar con las autoridades locales, regionales y nacionales para que puedan facilitar a los ciudadanos el ‘home sharing’, pero precisa que la plataforma “es sólo parte de la ecuación, y todos los actores, incluidos el resto de las plataformas, hoteles y gobiernos deben trabajar juntos para promover un turismo sostenible”.
Por su parte, Homeaway asegura que la plataforma facilita a quienes quieren incluir sus ofertas una ficha para que incluyan todos los datos, que tiene también un campo específico para incluir el número de registro. Además, su equipo de atención al cliente “confirma con el propietario que éste conoce la legislación que aplica a su propiedad antes de darse de alta, revisa la información facilitada en la ficha por el propietario para verificar que todo sea correcto y si no lo es, se contacta con el propietario”.

 

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