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El concejal de Urbanismo y portavoz municipal, Alfonso Reguera. / KAMARERO
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El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia, Ángel Galindo, denunció públicamente la pasada semana una nueva infracción urbanística, en este caso en el barrio de San Marcos, prescrita según su relato “por dejadez del concejal de Urbanismo”. Sería la segunda de la que se tiene conocimiento después de la casa rehabilitada en una huerta propiedad del exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses.

En relación a estas acusaciones, el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, apunta que “cuando no hay política para hacer encima de la mesa, pues lo que se intenta sacar son cosas de hace tiempo”, ya que, recuerda, el caso al que se refiere Galindo es del año 2011.

“La Unidad de Disciplina Urbanística trabaja con muchísimos asuntos, unos acaban en mejor medida que otros. Lo que no es de recibo, en ningún momento, es que se venga acusando de prevaricación gratuitamente a nadie, sin poner nada encima de la mesa”, añade.

Reguera: «No se puede ir difamando a la gente sin aportar ningún tipo de pruebas. ‘Sálvame’ es la televisión, no en el Ayuntamiento de Segovia»

No es la primera vez que se acusa a Reguera en este sentido, por lo que “yo espero que si hay una tercera vez [Galindo] presente algo, porque si no se lo tendré que reclamar personalmente por vía judicial. No se puede ir difamando a la gente sin aportar ningún tipo de pruebas. ‘Sálvame’ es la televisión, no en el Ayuntamiento de Segovia”.

Por último, el concejal de Urbanismo apunta que “hay que tener en cuenta que la infracción corresponde al año 2011 y la Unidad de Disciplina Urbanística y yo nos incorporamos a la Concejalía de Urbanismo en el año 2014. Cuando nosotros empezamos con el trabajo de esta Unidad, esta infracción y otras estaban en algunos casos ya muy cercanas a la prescripción. Y quiero dejar muy clara una cuestión, prescribe el documento, el sancionador, y lo que se intenta voluntariamente por parte del Ayuntamiento de Segovia es ejercer el derecho de reposición de la legalidad, que en teoría no prescribe, cuando iniciamos el segundo proceso; es decir, no buscamos una sanción sino que buscamos que se produzca el derribo. Jurídicamente esto se presentó en el Contencioso-Administrativo y es el juez el que dice que no ha lugar, ya está, no pasa más”.

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