Los acusados en el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia, de espaldas, en una nueva sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincia. / kamarero
Los acusados en el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia, de espaldas, en una nueva sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincia. / kamarero
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Algunos de los exconsejeros de Caja Segovia que intervinieron ayer como testigos en el juicio por las prejubilaciones, reconocieron falta de valentía a la hora de votar contra las propuestas que llegaban al Consejo de Administración.

Así lo dijo Fidel García Hernández, miembro del Consejo de Administración y representante de los empleados, durante su declaración en la cuarta sesión del juicio oral que se desarrolla en la Audiencia Provincial. Aseguró que no votó en contra “porque no fuimos lo suficientemente valientes”, a la vez que aclaró que tras haberse aprobado e informarse de las cifras concretas que iban a recibir los directivos, dimitió dos días después de que en noviembre de 2011 se aportaran las cuantías de sueldos y prejubilaciones para cada directivo.

Otro testigo también consejero representante de los empleados, Eduardo Aguado, señaló a preguntas de los abogados que ellos desconocían los contratos de los directivos. Aseguró que los asuntos se aprobaban en el Consejo de Administración por asentimiento y había acuerdo en el 90 por ciento de los casos. Cuando no lo había o eran asuntos menos sencillos, el presidente y el director “hacían los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo”. También afirmó conocer las cantidades exactas de las prejubilaciones “por los medios de comunicación”, aunque después de haber sido aprobadas.

Reconoció que las actas recogen fielmente lo acontecido en los consejos, y que los consejeros tenían libertad para pedir información. Al igual que el resto de testigos, señaló que había confianza plena en el equipo directivo hasta esos últimos momentos.

Tanto Fidel García como Eduardo Aguado, como otros consejeros que ya declararon como testigos anteriormente, Dolores Romero o Bonifacio García, formaron el grupo que dimitieron en noviembre de 2011 como miembros del Consejo. Entonces denunciaron la forma en que se estaba llevando a cabo el proceso de integración en Bankia y su efecto entre los trabajadores, así como que las prejubilaciones de los directivos eran distintas a las del resto de los trabajadores de la entidad. En este sentido, Fidel García , que se mostró nervioso en diferentes momentos de su testimonio, habló de salarios “desfasados que permitían jubilaciones exageradas”, y puso en tela de juicio las “formas” de cómo se enteraron de las cifras de las prejubilaciones, sin información previa a las reuniones del Consejo de Administración de la entidad.

A esa lista de dimisiones en cadena se sumó luego la de Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia entonces, y cuya comparecencia como testigo se espera para los próximos días.

También intervino ayer como testigo la exalcaldesa de Sepúlveda, Concepción Monte, quien mantuvo que algunas veces se llegaron a celebrar de forma simultánea y en el mismo lugar el Consejo de Administración y la Comisión de Control. Dijo que nunca escuchó las cantidades concretas que iban a recibir los directivos hasta que se difundieron en la prensa. Como ella, el que fuera concejal de Coca, Fernando Aceves, sostuvo, a preguntas de los letrados de las defensas, que vieron con buenos ojos que La Caja se desprendiera de parte del equipo directivo ante la segregación del negocio bancario.

El actual presidente de la Cámara de Comercio de Segovia, Pedro Palomo, fue otro de los intervinientes en la sesión de ayer en el Palacio de Justicia. Miembro del Consejo de Administración de Caja Segovia entre 2007 y 2012, Palomo insistió en la confianza que había en la capacidad técnica del comité ejecutivo. “En el tema de las retribuciones, la Comisión de Retribuciones lo hablaba, luego se nos exponía en el Consejo, y se aprobaba en su caso, por asentimiento”, señaló Palomo, quien añadió no recordar cantidades concretas. También consideró “correcta” la alternativa de prejubilación del director general de la entidad, Manuel Escribano, ya que “en el momento en que estaba Caja Segovia, de traspaso bancario, no tenía sentido que estuviera en el consejo de dirección. Nos pareció bien que se desvinculara de Caja Segovia”.

Un testimonio similar fue el del vicepresidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, quien afirmó también que no tenía sentido la estructura del comité directivo, una vez que Caja Segovia se iba a integrar en otra entidad. Tanto De Vicente como Palomo insistieron en la relación de confianza que había entre comisiones, en la información ofrecida por el comité ejecutivo cuando se solicitaba, aunque nunca sobre cantidades económicas concretas.

Por videoconferencia, al residir desde hace unos años en Alicante, testificó otro de los miembros del Consejo de Administración, Felicísimo del Pozo, quien admitió que “casi seguro que hubiera votado en contra de las prejubilaciones si se hubiera sometido a aprobación”. “Me parece que se nos ocultó bastante —continuó el testigo—, aunque no soy de los que me callo y sí se dejaba hacer preguntas”.

El abogado Jesús Tovar insistió con todos los testigos en preguntarles por la puesta a su disposición de información sobre los asuntos que se trataban.

Las escasas progresiones en el juicio por las prejubilaciones que se está desarrollando estos días en la Audiencia Provincial llegó ayer a menoscabar la paciencia del Tribunal. El magistrado que preside la sala, José Miguel García, reconoció los pocos avances realizados. En su opinión, “no se ha escuchado nada nuevo de lo que no se escuchara en la sesión del pasado jueves”, dijo, a la vez que instó a los abogados de las partes a que agilizaran los interrogatorios debido al retraso que se está produciendo. El juicio prosigue hoy miércoles con más testigos, antiguos miembros de los órganos de Gobierno.