La prensa de la época reflejaba las polémicas sobre el divorcio. / REVISTA BLANCO Y NEGRO, NOVIEMBRE DE 1980.
La prensa de la época reflejaba las polémicas sobre el divorcio. / REVISTA BLANCO Y NEGRO, NOVIEMBRE DE 1980.
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En fechas recientes se ha presentado un libro sobre el obispo que rigió la diócesis de Segovia entre 1995 y 2007, Luis Gutiérrez Martín, de cuyo fallecimiento, acaecido el 22 de junio de 2016, se ha cumplido el tercer aniversario. Es momento oportuno pues para dar a conocer determinados hechos de su vida que en Segovia permanecen ignorados, y es que catorce años antes de que accediera a la mitra segoviana, este sacerdote claretiano participó en las negociaciones de la ley del divorcio entre la Iglesia católica y el gobierno de la UCD, en los turbulentos meses que precedieron al intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Veremos incluso que algunos de los hitos de aquella negociación coincidieron en el tiempo, de forma tan casual como sorprendente, con acontecimientos concretos del proceso que desembocó en la intentona militar de aquel día, que ha pasado a la Historia como el 23-F.

Sigo para elaborar este trabajo el estudio “La ley del divorcio de junio de 1981 en perspectiva histórica”, de Pablo Martín de Santa Olalla Saludes, publicado en el año 2001 en la revista “Espacio, Tiempo y Forma: Historia Contemporánea”, complementado con las investigaciones del historiador Juan Antonio Delgado de la Rosa y las obras de varios cronistas e historiadores de la Transición tales como Pilar Urbano, Abel Hernández, Luis Herrero, Fernando Onega y Jesús Palacios.
Una vez que había entrado en vigor la Constitución de 1978 y que España había dejado de ser un estado confesional, numerosas voces se alzaron para pedir una regulación civil del matrimonio que incluyese la disolubilidad del mismo, a diferencia de lo que sucedía con el matrimonio canónico. El hecho cierto es que en la campaña electoral de 1979 el partido de la Unión de Centro Democrático llevó en su programa electoral la promesa de una nueva legislación del matrimonio que incorporaba el divorcio, hasta entonces inexistente en nuestro ordenamiento. Constituido el nuevo gobierno tras el triunfo electoral de UCD, recayó la cartera de Justicia en el democristiano Íñigo Cavero, quien a su vez nombró director general de Asuntos Religiosos a Eugenio Nasarre. Uno y otro eran dos políticos cualificados y bien relacionados con la Iglesia católica, con la que UCD pretendía consensuar la nueva ley, habida cuenta de que el partido se declaraba inspirado en el humanismo cristiano y que buena parte de su electorado era católico.

Cavero y Nasarre se pusieron a trabajar de inmediato en los primeros borradores, a la vez que comenzaban sus contactos con dignatarios eclesiásticos. Cuenta Martín de Santa Olalla y confirma Delgado de la Rosa, quien recabó el testimonio expreso de Nasarre, que ambos viajaron a Roma para entrevistarse con Agostino Casaroli, el cardenal secretario de Estado, y con otros purpurados. La impresión que obtuvieron, confirmada posteriormente en sus conversaciones con los obispos españoles, era que la Iglesia no se oponía a la regulación civil del divorcio, pues era consciente del nuevo régimen de aconfesionalidad del Estado, si bien tampoco deseaba una legislación que facilitase en exceso la disolución del matrimonio. El argumento que los políticos democristianos utilizaban ante la jerarquía eclesiástica era sencillo: siempre sería mejor para la Iglesia una regulación moderada del divorcio, efectuada por el centro político que una regulación radical impuesta por la izquierda.

En consecuencia, el proyecto se incluyó dentro de la reforma del Código Civil y se remitió en enero de 1980 al Consejo de Ministros, que lo aprobó el 18 de febrero siguiente. Martín de Santa Olalla alaba el trabajo de Íñigo Cavero y lo califica como una síntesis perfecta entre la posibilidad de acceder al divorcio y la dificultad para obtenerlo. Lógicamente ese equilibrio no le gustaba a la izquierda que lo consideraba una cesión inaceptable a la jerarquía católica y una limitación a los derechos que de acuerdo con la nueva Constitución se reconocían a todos los ciudadanos.

Así las cosas, el panorama político comenzó a complicarse. En mayo de 1980 el Partido Socialista Obrero Español presentó por sorpresa una moción de censura contra Adolfo Suárez y si bien la citada moción no prosperó, lo cierto es que el crédito político del presidente quedó seriamente dañado por dicha iniciativa, estableciéndose en este punto según muchos autores el inicio del declive de Adolfo Suárez. No debemos olvidar que España vivía sumida en una profunda crisis económica y que el terrorismo de ETA ensangrentaba casi a diario las calles del País Vasco y de Madrid, especialmente.

En ese contexto, Suárez convocó las reuniones de “la casa de la pradera”, según se denominó una finca del canal de Isabel II en Manzanares el Real. Los barones del partido se conjuraron contra el presidente, que no supo imponerse y vio seriamente recortada su autoridad, en un escenario de luchas internas de poder dentro de la UCD que los historiadores y cronistas juzgan con gran severidad. De aquellas sesiones resultó una remodelación del gobierno en el mes de septiembre por la que Íñigo Cavero pasaba a desempeñar la cartera de Cultura, mientras que Justicia recaía en el socialdemócrata Francisco Fernández Ordóñez.

Entre septiembre y diciembre de 1980 el proyecto se estudió en la Comisión de Justicia del Congreso, trámite que fue aprovechado por Fernández Ordóñez y su equipo para alterar por completo el texto, introduciendo el divorcio meramente consensual al que tanto se había opuesto la Iglesia. Así cuando el 30 de diciembre de 1980 se dictaminó el proyecto, éste cayó como una bomba entre los obispos, que pidieron la intervención del nuncio apostólico, monseñor Innocenti, quien sólo llevaba quince días en España ejerciendo su cargo. El nuncio solicitó cita urgente con el ministro Fernández Ordóñez, concertándose la entrevista para el 27 de enero. Antes de esa fecha la Conferencia Episcopal ya había preparado una nota de protesta, si bien esperó a difundirla, confiando en un resultado favorable del citado encuentro.

Martín de Santa Olalla, citando las memorias de Ordóñez, indica que a la reunión asistieron por parte del Gobierno el propio ministro y Luis Apostua, director general de Asuntos Religiosos, mientras que por la Iglesia acudió el nuncio Innocenti; es aquí cuando entra en escena Luis Gutiérrez, pues Delgado de la Rosa afirma que también estuvo presente en la reunión el futuro obispo de Segovia. Gutiérrez, doctor en Derecho Canónico, era desde 1978 vicario judicial del Arzobispado de Madrid-Alcalá y canonista de confianza del cardenal Tarancón. Aunque el parecer de ambos historiadores no es plenamente coincidente sobre la asistencia de Luis Gutiérrez a dicho encuentro, lo consideramos altamente probable; Innocenti llevaba —lo hemos indicado— muy pocos días en España como nuncio, luego es verosímil que no acudiera solo a tan trascendente cita y que preguntase al cardenal Tarancón sobre quién podía acompañarlo; sería pues este último quien sugeriría el nombre de Gutiérrez Martín.

Pero ese mismo día, 27 de enero de 1981, a pocos kilómetros de distancia de la sede del Ministerio, situado en la calle San Bernardo, tenía lugar otra reunión de gran transcendencia para la Historia de España. Aquel día, en el Palacio de la Zarzuela, Adolfo Suárez presentaba al rey Juan Carlos I su dimisión como presidente del gobierno. Había sido el punto final de una larga serie de desencuentros entre el monarca y el político abulense, una de cuyas causas era una fuerte discrepancia sobre el futuro del general Armada, en circunstancias que los cronistas de la Transición narran con todo detalle.

Doble escenario de reuniones pues para esa fecha: Suárez y Juan Carlos en Zarzuela, y Fernández Ordóñez, Apostúa, el nuncio Innocenti y Luis Gutiérrez en el ministerio de Justicia. La reunión de estos últimos no terminó bien pues el ministro mantuvo una posición inflexible, soberbia y autoritaria, casi displicente hacia los representantes eclesiásticos, a los que recriminó fuertemente su oposición al divorcio consensual. Tan agria debió ser la cita que Luis Gutiérrez asumió el papel de defensa pública del criterio de la Iglesia y remitió un duro artículo al diario católico “Ya” criticando las posiciones del ministro, artículo cuya publicación estaba prevista para el 30 de enero y que tenía las bendiciones —nunca mejor dicho— del nuncio y de Tarancón.

Pero el eco deseado por la Iglesia con respecto a dicho artículo no tuvo el efecto previsto pues hubo de competir en aquel diario y en el resto de medios informativos con el acontecimiento del día: el 29 de enero por la tarde Adolfo Suárez había anunciado públicamente su dimisión y toda la prensa del día siguiente recogía la noticia, con sesudos análisis sobre las causas que habían llevado a la misma y el complejo panorama político que se abría por delante. En tal circunstancia, el artículo de Luis Gutiérrez pasó casi desapercibido. La nota de protesta que la Conferencia Episcopal había redactado en su sesión del día 24 de enero —el mismo día que, según Abel Hernández, Suárez habría consultado su intención de dimitir con Tarancón— se publicó finalmente el 3 de febrero, casualmente coincidente con el nombramiento del general Armada como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, lo que como sabemos, facilitaría sus planes posteriores.

Tras el fallido intento de golpe de estado del 23 de febrero, Calvo Sotelo confirmó a Fernández Ordóñez como ministro de Justicia, lo que aseguraba la continuidad en la tramitación del proyecto de ley, no sin provocar grandes tensiones dentro del grupo parlamentario de la UCD, ya que la mayor parte de sus miembros se oponía a la redacción del texto y quería volver a la propuesta de Cavero. En la tramitación posterior del proyecto se sucedió la pugna entre las distintas facciones de la UCD, y la búsqueda de aliados ocasionales a la hora de votar cada punto de la ley, de modo que los suaristas y los liberales votaban unas veces a favor y otras en contra del articulado.

Finalmente el 22 de junio de 1981 el proyecto de ley se votó en el Congreso y fue aprobado por los socialdemócratas de la UCD, PSOE, PCE y los grupos nacionalistas, mientras que votaron en contra democristianos de UCD y Alianza Popular. La fractura del partido estaba consumada.

Publicada la ley y vigentes sus disposiciones, Fernández Ordóñez dimitió como ministro, tras lo cual abandonó la UCD con otros dieciséis parlamentarios de este grupo para formar el Partido de Acción Democrática, una mera pasarela que facilitase su paso al Partido Socialista, que los acogió gustoso. Los servicios de Fernández Ordóñez fueron recompensados por Felipe González, que le nombró ministro de Asuntos Exteriores, cargo que desempeñó durante siete años, entre julio de 1985 y junio de 1992, en que dimitió a causa del cáncer que padecía y del que falleció dos meses después.

La Iglesia ya solo pudo expresar su malestar ante la ley y advertir de las negativas consecuencias que tendría para la estabilidad de las familias. El escaso número de demandas de divorcio que siguió a la ley fue interpretado por algunos —los partidarios de la norma— como prueba del catastrofismo de la lglesia pues no se había producido el cataclismo que se anunciaba, mientras que los detractores de la nueva regulación entendieron que tan bajo número de demandas demostraba que no había una verdadera demanda social sobre el divorcio. Lo sucedido desde entonces hasta ahora forma parte ya de otra historia que no nos compete valorar; sólo dejar constancia de que en 1988 Luis Gutiérrez fue nombrado obispo auxiliar de Madrid y en 1995, obispo residencial de Segovia en sustitución de monseñor Palenzuela, permaneciendo al frente de nuestra diócesis hasta diciembre de 2007. Falleció, como ya dijimos, el 22 de junio de 2016, hace ya más de tres años. Descanse en Paz.