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Los letrados que trabajan en las sedes judiciales de la provincia expresaron su protesta en una de las salas de vistas de la Audiencia Provincial./ NEREA LLORENTE
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No pueden más. La reforma procesal emprendida por el Gobierno en 2009 y la endémica situación de precariedad de medios humanos y materiales en la Justicia ha hecho que el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia haya iniciado un calendario de movilizaciones en demanda de la adecuación profesional y salarial de sus funciones, así como una mejor dotación de medios a la hora de desempeñar su trabajo.

Los secretarios judiciales de la provincia se sumaron ayer a las movilizaciones convocadas a nivel nacional por el Colegio Nacional, La Unión Progresista y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia, con un paro a mediodía en el que dieron lectura al manifiesto conjunto en el que se recogen sus reivindicaciones.

Celia Salvador, en representación de los secretarios judiciales de la provincia, fue la encargada de leer el comunicado, en el que reclaman la implantación de medidas para superar las “graves carencias” que afectan a la organización y la logística del trabajo judicial, así como al reconocimiento profesional y salarial de los letrados.

Así, reclaman la implantación de la nueva Oficina Judicial dirigida expresamente por los secretarios judiciales, con el fin de obtener una “justicia eficiente y un servicio público de calidad en todos los territorios”. En el ámbito tecnológico, la implantación del expediente digital de forma “útil y operativa” y la compatibilidad de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal se antojan imprescindibles para los letrados, mientras que en el ámbito personal, solicitan un incremento de la plantilla con la convocatoria de 250 plazas anuales en los próximos cuatro años para solventar las “necesidades estructurales”; así como un adecuado sistema de sustituciones “debidamente retribuidas” y el nombramiento de letrados para resolver los incrementos de litigiosidad en asuntos como las causas derivadas de las ‘cláusulas suelo’.

Del mismo modo,  insisten en una de las reivindicaciones más señeras de este colectivo, como es la adecuación salarial que compense “las nuevas funciones y responsabilidades asumidas” tras la reforma procesal de hace nueve años.

De este modo, señalan que desde su aplicación “hemos asumido el 80 por ciento del trabajo procesal antes de jueces y magistrados, resolvemos muchas reclamaciones judiciales, dirigimos las oficinas judiciales con plena eficacia  y asumimos tareas gubernativas de la organización judicial, pero esa función está ausente de reconocimiento e incentivo profesional”.

Sobre este aspecto, señalan que un letrado de nuevo ingreso percibe un salario de 1.400 euros, lo que supone que “ni siquiera se han equiparado las retribuciones con las que perciben otros cuerpos nacionales de la misma categoría A1 dentro y fuera del mismo Ministerio de Justicia”.

Otra de las reivindicaciones más sensibles del colectivo es el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva diferenciada como personal directivo de la Administración de Justicia. Así, pusieron de manifiesto que los sindicatos mayoritarios en este ámbito “nos meten en el mismo saco sin tener en cuenta nuestras reivindicaciones específicas, por lo que no nos sentimos representados por ellos”.

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