Las federaciones estudian una posición conjunta sobre los consejos sectoriales

Juan Bautista Mullor, que preside el movimiento vecinal, insiste en que el Reglamento de Participación Ciudadana reduce en principio el ejercicio de la democracia participativa

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Las federaciones que agrupan a las asociaciones de vecinos de Segovia y provincia, por una parte, y a la de barrios incorporados del municipio de Segovia, por otro, estudian una posición conjunta de cara a la formación de los consejos sectoriales previstos en el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, en vigor desde este mismo mes.

El presidente de la federación provincia, Juan Bautista Mullor, informó de que inicialmente mantendrán una reunión las directivas de ambas federaciones que están actuando de forma confederada ante asuntos comunes como son el citado reglamento municipal o las tasas e impuestos del Ayuntamiento de Segovia, especialmente el denominado ‘tasazo’ del agua.

En lo relativo a la participación ciudadana, aunque el reglamento que la regula fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno del mes de enero, Mullor insiste en que coarta el desarrollo de una auténtica democracia participativa y recuerda que las asociaciones de vecinos se retiraron en el año 2009 de los antiguos foros de participación —que ahora han sido sustituidos por los consejos sectoriales— porque se habían convertido en meros órganos para transmitir información. Precisamente, los responsables vecinales echan de menos en el reglamento que los ciudadanos tengan capacidad de decisión, aunque sea parcial y limitada a ciertos aspectos, y el presidente de la federación provincial reclama presupuestos participativos, entre otras medidas.

Este portavoz del movimiento vecinal considera que en otros municipios de la provincia como El Espinar sus dirigentes han entendido mejor el sentido de la participación ciudadana real, destinando una partida presupuestaria a proyectos elegidos por los propios vecinos.

En relación con la constitución de los consejos sectoriales, Mullor considera que deben ser los ciudadanos los que los propongan y las federaciones de asociaciones de vecinos quienes designen a los representantes en estos órganos.

El representante vecinal comentó a El Adelantado que desde las federaciones barajan la posibilidad de contar con el asesoramiento de un catedrático de Derecho Constitucional para conocer si el reglamento municipal de Participación Ciudadana se ajusta a los derechos garantizados por la Constitución española en sus artículos 9 y 23.

Burocracia y exigencias desproporcionadas

Hasta el 10 de mayo tienen plazo las asociaciones de vecinos y las federaciones que las agrupan para presentar solicitudes de subvención a proyectos culturales y gastos de mantenimiento y gestión. La partida municipal asciende en total a 40.000 euros, por lo que el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Juan Bautista Mullor, llega a calificar de “miseria” las cantidades que reciben estos colectivos. Por ese motivo no entiende que las bases se hayan inflado de requisitos y condicionantes que conducen, a su juicio, un exceso de burocracia y exigencias desproporcionadas que suponen “un control a la libertad de acción de las asociaciones y federaciones vecinales”.

Entre los proyectos o actividades subvencionables se encuentran las de carácter informativo, formativo o educativo que fomenten la participación activa, la gestión municipal o la cohesión de la ciudad y contribuyan así a facilitar y reforzar las relaciones entre los vecinos, el tejido asociativo y el Ayuntamiento. Además, se incluyen los programas y proyectos de tipo cultural, formativo o social que colaboren con el Ayuntamiento en el desarrollo participativo activo, promocionando la vida asociativa, potenciando los colectivos existentes y facilitando la creación de otros nuevos. La convocatoria acoge proyectos de sensibilización ciudadana respecto a la mejora de hábitos con relación al entorno, potenciando conductas cívicas y los que promuevan la inclusión y participación social de inmigrantes extracomunitarios, además de gastos de mantenimiento, gestión, adecuación y adquisición de equipamiento.

Entre la documentación que deben aportar los beneficiarios se incluye, por ejemplo, “una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia” o que esté al corriente de sus obligaciones no ya con el Ayuntamiento sino también con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.