Las prejubilaciones en Caja Segovia se aportaron con datos globales

Los acusados interrogados ayer coinciden en reconocer que únicamente en un Consejo de Administración se difundieron los datos que percibiría cada directivo individualmente

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Atilano Soto, en el banquillo, antes de intervenir en el juicio de ayer donde se interrogó a cuatro acusados. / kamarero
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La confianza mutua entre las personas que trabajaban en Caja Segovia marcó siempre la gestión interna. Así se desprende de las manifestaciones de los cinco acusados que ayer intervinieron en el juicio por supuesto delitos de administración desleal y apropiación indebida, en el caso de las prejubilaciones millonarias.

De tal grado era esa confianza, que los importes que suponían las prejubilaciones se comunicaban en cifras globales. Tan sólo en una ocasión se desagregaron por beneficiarios. Fue en el Consejo de Administración de noviembre de 2011, cuando ya Caja Segovia había cesado su actividad y traspasado sus activos a BFA-Bankia. Un consejero se interesó y solicitó la información concreta. Por ello se facilitaron lo que percibiría el equipo directivo a jubilarse. Se hizo “con pelos y señales”, y se aportó documentación sobre “su legalidad”, dijo el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, uno de los once acusados.

También quien fuera responsable del departamento de recursos humanos de la entidad, E.Q.H. dijo que a los Consejos de Administración se llevaban el coste de las prejubilaciones de forma conjunta. “Se venían haciendo prejubilaciones desde 1996”. Podían acogerse a prejubilación o a jubilación parcial los mayores de 53 años con más de diez años de antigüedad en la entidad. Anualmente se proponía a la plantilla de La Caja por si querían acogerse a ese derecho y, tras apuntarse, se comunicaba a la Comisión de Retribuciones y al Consejo de Administración, su coste; pero siempre con “datos agregados” para hacer la dotación económica correspondiente.

Únicamente en ese noviembre de 2011 el que fuera brevemente entonces director de la entidad, Miguel Ángel Sánchez Plaza, aportó las cifras a los consejeros. Había saltado ya el escándalo en Caja Segovia y en otras entidades de ahorro españolas. Y comenzó a despertar interés, también político, que en Segovia lideró el partido UPyD.

En total se trataba de una asignación de más de 17 millones de euros para 13 directivos que iban a dejar de trabajar en Caja Segovia. También entonces se solicitaron informes desde la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, desde Bankia, y el Banco de España. Pero quedaban ya pocos empleados y por ese motivo algunos directivos retrasaron su salida de la entidad algunos meses.

El expresidente de la entidad, Atilano Soto también sostuvo que había “confianza plena” en los directivos de la entidad, lo cual llevó a que la Comisión de Control nunca encontrara «mácula» en las decisiones que se adoptaban.

Atilano se negó a responder a las acusaciones alegando “problemas lagunares de memoria”. Pero sí recordaba que “todos los consejeros presentes y los ausentes” avalaron la legalidad de las prejubilaciones que se aprobaron. Habló por un lado de la precisión de la información que se facilitó en aquel consejo de noviembre de 2010; pero por otro lado dijo que había que mantener la “confidencialidad” de los beneficiarios.

Como los anteriores interrogados, Soto sostuvo que los consejeros tenían a su disposición la información precisa con anterioridad y también había un secretario encargado de responder cualquier tipo de duda.

Quien fuera vicepresidenta segunda de La Caja y secretaria del Comité de Retribuciones, Elena García Gil, declaró que existía confianza plena entre los órganos de gobierno de Caja Segovia. Y añadió que era el Consejo de Administración quien tenía la capacidad de aprobar las cuestiones planteadas. Reconoció que algunas veces se celebraban reuniones conjuntas de la Comisión de Control y del Consejo de Administración en el mismo lugar.

También sostuvo que los consejeros disponían de información suficiente para tomar las decisiones al contar con las explicaciones oportunas del director de Recursos Humanos e informes escritos, y por tanto, solía ser “lo correcto e idóneo” para La Caja.

El otro acusado que ayer se sentó en el banquillo fue Manuel Agudíez Calvo, vicepresidente de la Caja. También él se negó a contestar a las acusaciones, y sólo atendió a su abogado defensor.

Por su parte la Fiscalía mantuvo la misma postura pasiva del primer día y no planteó cuestión alguna a los acusados.

Más dicharachero estuvo el abogado de IU, Alberto López Villa, aunque una vez más no pudo sostener su tesis de que la situación de Caja Segovia era “desoladora” cuando se aprobó el plan de prejubilaciones para el equipo directivo. Su insistencia levantó las protestas de los abogados defensores y llevó al presidente del Tribunal a intervenir, llamar al orden, y retirar finalmente la palabra a López Villa.

El juicio continúa hoy jueves con los interrogatorios a quienes fueron miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de Caja Segovia, en calidad de testigos propuestos por las distintas partes.

Cambios en el criterio del cálculo de las prejubilaciones

Entre las diversas cuestiones que se plantearon a los acusados que intervinieron en la jornada de ayer, el abogado de la acusación particular, la Fundación Caja Segovia, preguntó de forma insistente si se habían producido cambios en la forma de baremar las prejubilaciones para el equipo directivo. El responsable de Recursos Humanos de Caja Segovia confirmó que se decidió cambiar el criterio de modo que en las prejubilaciones no se tuvieran en cuenta las retribuciones de los tres últimos años —que era lo habitual—, sino solo las de los últimos doce meses. Pero, a su juicio, este cambio dejaba «cantidades muy parecidas».

En el interrogatorio de ayer también se habló de la posibilidad de que los directivos pudieran elegir entre las prejubilaciones en Caja Segovia, o bien al ERE que luego se hizo en Bankia. “O estaban en un sitio o en otro”, apuntó el responsable de Recursos Humanos. Todos optaron por la prejubilación en Caja Segovia.

La anécdota del día. De nuevo la sesión de ayer aportó momentos con cierta carga de tensión. Uno de ellos lo provocó el abogado de la acusación popular, Alberto López Villa, cuando hizo una referencia velada al escaso trabajo de la Fiscalía. Su representante, sentada a su lado, Pilar Ramos, amenazó con abandonar la sala.