Antonio Tapias y Manuel Escribano fueron dos de los acusados que declararon ayer en la primera sesión del juicio por las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia. / kamarero
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Los acusados que intervinieron en la primera sesión del juicio por las prejubilaciones millonarias aseguraron que ese plan de retribuciones “no fue ningún privilegio”, sino, más bien, una pérdida económica respecto a otras indemnizaciones que podrían haber obtenido, y en comparación con el resto de empleados.

Así lo señaló el exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, que durante tres horas respondió a las preguntas de las acusaciones y de las defensas, pero sobre todo al letrado de la Fundación Caja Segovia. En su intervención se presentó más como víctima que como beneficiario del plan de prejubilaciones. “No fue un privilegio” el plan de prejubilaciones, dijo. Más bien lo calificó como “una clara restricción de derechos respecto al resto de la plantilla” de Caja Segovia. “Hice mal negocio”, afirmó. En el año 2008 —antes de ponerse en marcha el plan de prejubilaciones— percibió 874.000 euros de sueldo. Y en total sus indemnizaciones posteriores han ascendido a 5,8 millones de euros.

El otro interrogado ayer, Antonio Tapias, se puso calificativo, y se definió como ‘perjudicatario’, porque dejó de “tener los derechos del resto de empleados”.
Manuel Escribano, cuya etapa laboral en Caja Segovia comenzó con 26 años y finalizó jubilándose a los 54 en 2011, fue director de la entidad desde 1995. Aprovechó su intervención para ensalzar los buenos resultados que obtuvo la entidad bajo su dirección. Los beneficios en la última década se quintuplicaron y alcanzaron los 400 millones de euros.

También se multiplicaron por cuatro los fondos destinados a la Obra Social, con 80 millones de euros invertidos en actuaciones en Segovia. “Ess una barbaridad, para una provincia de 150.000 habitantes”, dijo Escribano, un joven directivo que antes había trabajado para Caja Segovia como auditor externo de KPMG. Pero luego fue captado por el anterior director general, Carlos Rojo y por Juan Antonio Folgado para entrar en La Caja. Negó que se haya beneficiado y aprovechado de la entidad ni de la confianza del Consejo de Administración. “Lo he dado todo por La Caja y La Caja ha sido todo para mí”, afirmó. Él podría haberse acogido al cese unilateral como contemplaba su contrato de Alta Dirección. Pero prefirió mantenerse en Caja Segovia, aunque perdiera dinero, argumentó.

Abundando en sus manifestaciones para presentarse como víctima de lo acontecido. Dijo que él llegó a proponer suprimir en el año 2009 el cien por cien de su retribución variable, aunque se compensó con un aumento del sueldo fijo. Pero en términos generales bajó su retribución un 15 por ciento.

En varias ocasiones recordó también que Caja Segovia y Caja de La Rioja figuraban entre las más solventes de España, con la mejor eficiencia, rentabilidad y la menor morosidad. Esta fue una de las teorías sobre las que los acusados basan la justificación del plan de prejubilaciones.

Escribano expuso otro argumento más convincente, que no requería de informes exteriores: que el plan de prejubilaciones era la herramientao que evitaría que se marchara de Caja Segovia el equipo directivo que tan buenos resultados económicos estaba generando con el Plan Estratégico 2007-2011. Pero este plan se vio interrumpido por la fusión bancaria que daría lugar a BFA-Bankia. Escribano dijo que nadie podía sospechar que iba a llegar una profunda crisis: “Nadie éramos Rapell en aquel momento”.

También el exsecretario general de Caja Segovia, Antonio Tapias apeló al espíritu optimista del Plan Estratégico que guiaba la actividad de Caja Segovia entre 2009 y 2011, pero que se vio truncado y adelantó la salida progresiva del equipo directivo.

Tapias hizo hincapié en los exhaustivos controles a que estaba sometida Caja Segovia por órganos superiores, como el Banco de España o empresas auditoras. “Y nunca hubo ninguna sombra de duda” en torno a los acuerdos adoptados.

Reconoció que en las actas redactadas antes de aprobarse las prejubilaciones no figuraban detallados los importes y nombres de sus beneficiarios. Defendió su trabajo a favor de la entidad retrasando en dos ocasiones su prejubilación ante el problema de gestión que se avecinaba con la integración en Bankia y la salida de parte del equipo directivo. «Se me requiere para continuar y acepto», dijo a la vez que confesó que no fue “un plato de gusto”.

Sin constancia de quién transfirió 27 millones de euros un día de Nochevieja

En la primera sesión de la vista oral que ayer arrancó quedó sobre el aire la pregunta del abogado de la Fundación Caja Segovia a los acusados: ¿Quién ordenó el traspaso de 27 millones de euros para las prejubilaciones el 31 de diciembre de 2010, un día antes de desaparecer la entidad?

Ese día de San Silvestre se hicieron varios traspasos bancarios en los que figuraba como ordenante Caja Segovia, y como beneficiaria, la compañía de seguros Caser. A través de ésta reciben sus emolumentos los directivos por su salida anticipada de Caja Segovia. Hubo cuatro asientos contables esa Nochevieja: uno de 5,9 millones de euros para la póliza de Manuel Escribano, y otros dos de 518.659,25 euros y de 16,6 millones de euros para las pólizas de otros siete directivos. Otra cuarta transferencia, de 3,9 millones, se supone que era para el resto de empleados.

En el juicio de ayer, Manuel Escribano hizo gala de su buena memoria al recordar citas alabando los buenos resultados de Caja Segovia. Pero no recordó de quién procedía la propuesta de hacer un plan de prejubilaciones. “Supongo que del área de Recursos Humanos”, dijo en respuesta al letrado de la Fundación. Será ésta una de las cuestiones que se planteará hoy a Enrique Quintanilla, responsable de ese departamento. También está entre los acusados, y que ayer siguió la sesión desde el banquillo, como Atilano Soto o Manuel Agudíez, que comparecerán hoy también.

Escribano y Tapias basaron sus respuestas en que todas las decisiones estaban respaldadas por los órganos de gobierno, donde el Consejo de Administración tenía plena potestad.
Tampoco el ex secretario general de Caja Segovia, Antonio Tapias, recordó quién hizo la propuesta del plan de prejubilaciones, ni el traspaso de Nochevieja, argumentando que eso escapaba a su función laboral, como secretario general, y de actas. El interrogatorio a Antonio Tapias giró en torno a los consejos de administración y de las comisiones de retribuciones. Éstas reuniones se convocaban con 24 o 36 horas de antelación a través de carta y mensajes SMS a los consejeros, que tenían la documentación siempre a disposición previamente a su debate.

Tapias recordó que para evitar errores en la redacción de las actas, a cuyo contenido remitía a los abogados, se grababan las reuniones que él transcribía posteriormente en las actas. Pero una vez redactadas, se borraban las grabaciones.

ANÉCDOTAS DE LA JORNADA: Agua escasa y llamadas al orden

El presidente del Tribunal que juzga el caso de las prejubilaciones se vio obligado a llamar al orden en algunas ocasiones a algunos de los intervinientes, ante las discusiones que se abrían y que prolongaron en exceso la primera sesión de la vista oral. El exdirector de Caja Segovia, Manuel Escribano, se enzarzó con los letrados de la acusación popular, tanto de la Fundación Caja Segovia, Rafael Iturriaga, como de Izquierda Unida, Alberto López Villa. Y tuvo que ser reprendido por el magistrado, como también requirió a los abogados concreción en sus preguntas. Y es que la primera sesión, densa y que causó sopor a muchos de los asistentes, también tuvo momentos de tensión que sobre todo exaltaba a los ponentes, hasta el punto de que llegaron a pedirse disculpas mutras tras los interrogatorios.

A Manuel Escribano, que protagonizó la mayor parte de la mañana, se le quedaron escasas las botellas de agua que llevaba para hidratarse la garganta, reseca por su verborrea. Pidió agua a sus compañeros de banquillo. La tensión también le llevó a lanzar reproches sin que tuvieran encaje en ese momento. El exdirector de La Caja recordó que algunos de los miembros del Consejo de Administración “no venían nunca” a interesarse por los temas que iban a tratarse posteriormente.

También fue reprobado por el Tribunal el abogado de IU cuando intentaba introducir en sus interrogatorios a los acusados la venta de ‘acciones preferentes’. López Villa quería traerlo a colación como forma de justificar la mala situación financiera de la entidad pero no lo consiguió.