Manuel Agudíez y Atilano Soto conversan antes de iniciarse la sesión de hace unos días. / KAMARERO
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El magistrado José Miguel García Moreno –que junto a los también magistrados María Asunción Remírez Sáiz de Murieta, destinada en la Audiencia segoviana y Álvaro Miguel de Aza Barazón componen la sala que dirimirá la vista oral por el caso de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia- advertía ayer a los letrados de las defensas de los 11 acusados y a las acusaciones particulares de la Fundación Caja Segovia, IU y Confederación Intersindical de Cajas (CIC) sobre la complejidad de una causa llena de aristas jurídicas y legales.

La advertencia quedó sobradamente probada en la jornada de ayer, en la que se iniciaba el procedimiento legal con el debate sobre las cuestiones previas a la vista oral, en el que las partes en litigio pusieron en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Segovia toda su artillería legal para defender sus tesis.

La sesión, que comenzó con cerca de 15 minutos de retraso sobre el horario inicialmente establecido, se centró expresamente en el cuestionamiento por parte de las defensas de los exdirectivos de la entidad de la personación en la causa de la Fundación Caja Segovia e Izquierda Unida como acusación particular.

En el banquillo de los acusados se sentaron a la derecha el expresidente de la entidad Atilano Soto, así como los exvicepresidentes Manuel Agudíez y Elena García Gil, y a la izquierda el exdirector de la entidad Manuel Escribano, Antonio García Tapia y el director de Recursos Humanos Enrique Quintanilla, para quienes se piden penas de prisión entre tres y nueve años, así como la devolución de las cantidades cobradas. No asistieron a esta sesión ninguno de los directivos imputados a título lucrativo, a excepción de Miguel Angel Sánchez Plaza, ya que no tienen obligación de estar presentes en las sesiones dada la naturaleza civil de su responsabilidad en esta causa.

Los abogados coincidieron en sus intervenciones en esgrimir la denominada “doctrina Botín” para solicitar la expulsión de ambas instituciones como acusaciones particulares, lo que unido a que la Fiscalía no ha presentado ninguna acusación, obligaría al sobreseimiento y posterior archivo de la causa.

Los letrados de la defensa justificaron de forma esencialmente coincidente en sus argumentos que la Fundación Caja Segovia no ha podido acreditar ante la sala el perjuicio causado por el cobro de las prejubilaciones millonarias, por lo que su personación en el caso “no tiene sentido y carece de fundamento”. Además,  señalaron que la creación de la fundación en 2014 se realizó con posterioridad a la disolución de la caja, por lo que sería el BFA –entidad en la que quedó integrada Caja Segovia- quien hubiera resultado perjudicada por esta decisión.

Por otra parte, el abogado de Atilano Soto aseguró que las cantidades establecidas en las prejubilaciones ahora en cuestión eran “análogas a los de otras grandes empresas, y tenían precio de mercado”, y aseguró que si los exdirectivos no las hubieran percibido, la Fundación “no hubiera tenido más dinero, sino que hubiera sido para Bankia”.

En cuanto a la participación de IU como acusación particular, las defensas aseguraron que no puede justificarse en base a los argumentos esgrimidos por el partido, y alguno de los letrados no dudaron en calificar como “esperpento” la presencia de la formación de izquierdas en el marco de este proceso.

Por lo que se refiere a los imputados a título lucrativo, los argumentos de la defensa se centraron en que las cantidades cobradas por sus respectivas jubilaciones  correspondían a la extinción de sus respectivos contratos laborales conforme a las prescripciones de la legislación laboral basada en el Estatuto de los Trabajadores.

Las acusaciones particulares dejaron clara su intención de solicitar su permanencia en la causa, y aseguraron que la intención de las defensas de los exdirectivos de Caja Segovia es la de “desviar la atención sobre el ilícito penal de la causa”. Así, Alberto López Villa señaló que los acusados incurrieron en apropiación indebida y administración desleal al desviar 17 millones a Caser para financiar las prejubilaciones cuando la entidad bancaria se encontraba en «quiebra técnica». Además, señaló que IU tiene interés en el caso ya que el partido tenía representación en los órganos de gestión de la entidad.

López Villa criticó la inacción del Ministerio Fiscal sobre este asunto, lo que le valió una airada respuesta por parte del fiscal jefe de la Audiencia Provincial Antonio Silva, que conminó al abogado a retirar esa acusación, así como la petición del magistrado presidente de la sala para que centrara su argumentación en aspectos “técnicos”.

Por su parte, el abogado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Iturriaga, aseguró que la Fundación “ha resultado perjudicada desde el primer momento”, ya que Caja Segovia no transfirió todo el negocio parabancario en la segregación con el BFA, y la fundación mantenía un 2,08% de participación.

El magistrado resolverá  las cuestiones previas a través de un auto motivado que se dará a conocer en un plazo no superior a una semana, según fuentes judiciales, y cuyo resultado podrá ser recurrido por ambas partes.

Atilano Soto: ‘Rien de dire’

El expresidente de Caja Segovia recurrió al francés para evitar hacer declaraciones a los medios antes del inicio de la sesión previa del juicio y aseguró que “La Justicia está para dar razón a quien la tenga”. La enorme repercusión mediática del juicio de las prejubilaciones quedó probada con la presencia de cerca de una veintena de periodistas de medios de comunicación locales que aguardaban desde una hora antes del inicio del juicio la llegada de los acusados, con el fin de conseguir alguna declaración previa. El ‘silenzio stampa’ fue el denominador común de todos los exdirectivos, que llegaron al Palacio de Justicia solos o acompañados de sus letrados, y sólo intervinieron en el inicio de la sesión para responder al magistrado sobre si conocían la causa y si estaban de acuerdo con las acusaciones. Aquí, el más vehemente fue el exdirector de Caja Segovia Manuel Escribano, que respondió a la pregunta con un “rotundamente no”.
Durante la sesión, los acusados siguieron atentamente las intervenciones de sus letrados, asintiendo en cada una de las afirmaciones explicativas de sus argumentos. De igual modo escucharon a las acusaciones, mostrando en ocasiones su desacuerdo con murmullos y movimientos de negación con la cabeza.
La respuesta mediática no se correspondió con la popular, donde sólo poco más de una decena de personas pudieron asistir a la vista en una sala en la que las deficiencias de sonido hacía ininteligibles en ocasiones las intervenciones de los abogados. El concejal de Centrados Cosme Aranguren estuvo presente en las inmediaciones del palacio de Justicia, haciendo ver el interés de su formación por la causa que impulsó cuando pertenecía a UPyD.