7_1_prado-cha
El Ayuntamiento promovió en 2015 como actividad de educación medioambiental, limpiar una zona de Prado Bonal que limita con Nueva Segovia. / JUAN MARTÍN
Publicidad

Las optimistas previsiones de los redactores de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Segovia apuntaban a principios de siglo que la ciudad de Segovia alcanzaría en el año 2012 los 100.000 habitantes; había otras estimaciones que elevaban la población a 130.000. No contaban con imponderables como la crisis y la propia inercia de la política municipal y las trabas administrativas que a lo largo de casi dos décadas han ido minando proyectos como la urbanización del sector Bonal, un gran prado de 110 hectáreas al sur de la capital, la mayoría de propiedad privada, donde el propio PGOU permite la construcción de entre 1.850 y 2.400 viviendas.

El equipo de Gobierno ha acordado esta semana iniciar el expediente de caducidad del proyecto de Estatutos de lo que iba a ser la Junta de Compensación de este sector de suelo urbanizable delimitado, así como del correspondiente proyecto de actuación.

La concejala de Urbanismo, Claudia de Santos, con mucha cautela pues se encuentra unos días fuera de la ciudad y no tiene documentación a mano, explica que la Junta de Propietarios del sector Bonal ha decidido disolverse, probablemente al ver frustradas en este momento las expectativas creadas con la llegada del AVE, el tren de alta velocidad, y la construcción de la actual estación Segovia-Guiomar en el paraje de Juarrillos, aunque la edil recalca que “personalmente desconozco la causa de la disolución”.

Las casas, de momento, han volado con y a pesar del AVE.

De Santos comenta que los propietarios nunca llegaron a constituirse en Junta de Compensación, una figura urbanística formada, con carácter general, por los propietarios de suelo con la finalidad de cumplir solidariamente sus deberes de ‘justa distribución de beneficios’ (aprovechamiento urbanístico) y cargas (gastos de urbanización), de cesión (de terrenos afectos a dotaciones públicas, así como de un porcentaje del aprovechamiento urbanístico a favor de la Administración actuante), y de urbanización de los terrenos, que una vez ejecutada debe cederse a la citada Administración; en este caso al Ayuntamiento de Segovia.

La alcaldesa, Clara Luquero, ha informado de que los dos expedientes de caducidad se abren porque el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece que en ambos casos el plazo para desarrollar tanto el Reglamento de la Junta de Compensación como su proyecto de actuación, como “deberes urbanísticos”, es de ocho años desde la entrada en vigor del instrumento que establece la ordenación detallada, en este caso se entiende que el Plan General de 2008.

Luquero aclara que, en todo caso, los propietarios pueden presentar alegaciones en un plazo de tres meses, aunque la concejala de Urbanismo asegura que han sido ellos mismos los que han instado esa caducidad.

Inversión inasumible

La regidora explica que el desarrollo urbanístico en este caso corresponde a los titulares de los terrenos y añade que “no está dentro de nuestros objetivos —del Gobierno municipal— liderar ahora este desarrollo que supone inversiones muy altas”.

El Ayuntamiento de Segovia, con el alcalde centrista José Antonio López Arranz al frente, suscribió en 2002 un convenio para el desarrollo urbanístico de este sector con la Junta de Propietarios, presidida entonces por Rafael Giráldez.

El sector está delimitado por las carreteras de Madrid y La Granja, el barrio de Nueva Segovia y la variante SG-20. Más de la mitad de las 2.400 viviendas (máximo edificable), iban a construirse en bloques formando manzanas, con alturas de hasta diez plantas. El convenio de 2002 modificó uno anterior en el que prevalecían las viviendas unifamiliares y adosadas.

La densidad máxima está establecida en 39 viviendas por hectárea y la mayor parte de los bloques más altos se ubicarán junto a una nueva gran avenida que comunicará la estación de alta velocidad ferroviaria con la rotonda del Pastor.

Un pacto roto y una amenaza

El convenio del Ayuntamiento con la Junta de Propietarios del Sector Bonal en 2002 fue la gota que colmó la paciencia del PP, hasta finales de ese año socio de Gobierno de Unión Centrista que pasó a dirigir el consistorio en solitario con dos concejales, el alcalde, José Antonio López Arranz, y la edil de Urbanismo, Ana Pastor (exconcejal socialista).

El PP llegó incluso a anunciar que impugnaría ese acuerdo, aunque el pleno aprobó finalmente un documento que incluía una propuesta conjunta de este partido y del PSOE con varias modificaciones en materia de protección y equipamientos.

En mayo de 2009, la entonces concejala del PP Susana Moreno, actual presidenta del Colegio de Arquitectos, alertó de que la cesión al municipio de 20 hectáreas por la mayoría de propietarios de Prado Bonal incluía una cláusula por la que los titulares del terreno debían ejercer los derechos de urbanización del sector en el plazo máximo de cuatro años y en caso contrario el Ayuntamiento tendría que adquirir las parcelas cedidas, una compra que supondría un desembolso de millones de euros.

Sin embargo, el actual concejal de Hacienda, José Bayón, cree muy improbable que los propietarios exijan ahora esa compra “porque tendrían que desarrollarlo urbanísticamente y tal como está el mercado no les compensa”.