La Junta no se personará en la causa contra la planta de compostaje

El consejero de Fomento asegura que el Ministerio Fiscal “tiene la obligación de reclamar los perjuicios que correspondan” y confía en la acción de la Justicia en este problema

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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró ayer que que la Junta vaya a personarse como acusación particular en la causa referida a la planta de compostaje de Fuentepelayo, conforme había solictado la Plataforma Ciudadana ‘No Más Mierda’ con el fin de recabar el apoyo del Gobierno regional.

Suárez-Quiñones aseguró ayer en su comparecencia ante los periodistas tras la firma del convenio para el programa ‘Rehabitare’ en seis municipios de la provincia que las personaciones “están bien, pero no son necesarias”, y apeló a su condición de magistrado de carrera para recordar que el sistema de acusación pública lo ejerce el Ministerio fiscal que, además, “tiene la obligación de reclamar “los perjuicios que correspondan” a favor de los damnificados; por lo que en su opinión, el hecho de que una administración participe en una causa como parte activa “no influye en la persecución de los hechos”.

El consejero destacó que la actuación de la Junta de Castilla y León en este controvertido asunto a través de la Delegación ha sido “inmediata y contundente”, y recordó que se han realizado más de 30 inspecciones en los últimos seis meses en la planta, contando con la “valiosa”colaboración ciudadana en el pueblo que ha hecho posible mantener vivo este conflicto. Pese a ello, precisó que las disfunciones detectadas en el tratamiento de los residuos de la planta “serían posteriores” a las visitas de inspección; y manifestó que las inspecciones “no pueden garantizar el análisis del cien por cien de la superficie del lugar” para destacar la profesionalidad de los servicios de la Junta responsables de esta materia.

Residuos El consejero señaló que la Junta de Castilla y León llevará a cabo de forma “inmediata” la adopción de medidas cautelares para la retirada de los residuos identificados en las 12 parcelas próximas a la planta de compostaje, tal y como ha sido determinado por el propio Gobierno regional; siempre y cuando no sean suspendidas en un proceso contencioso administrativo “que de momento no se ha producido”. Así, señaló que si la propiedad de la planta de compostaje no retira los residuos, será el Gobierno regional quien lo haga de forma subsidiaria para aplicar después las medidas coercitivas correspondientes a la empresa, que es quien está obligada a realizarlo.