La inspección afectará a 400 inmuebles de la capital en 2012

El Ayuntamiento espera publicar en un mes el padrón de edificios que deberán ser revisados en el primer año de vigencia de la nueva ordenanza

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Al igual que los vehículos deben superar una inspección técnica, lo que se conoce como la ITV, para poder circular, los edificios también deben ahora obtener el correspondiente “certificado” que garantice su buen estado de conservación y habitabilidad. A principios de septiembre, el pleno del Ayuntamiento de Segovia aprobó la ordenanza para la aplicación de la Inspección Técnica de la Edificación (ITE), una normativa que, en síntesis, está llamada a regular la revisión de todos los edificios de la ciudad que superen los 40 años de antigüedad.

Con esta ordenanza, el Ayuntamiento dará cumplimiento a la inspección obligatoria de inmuebles que marca la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y otro decreto posterior de 2004 dirigido a garantizar la conservación, salubridad, ornato público y habitabilidad de los inmuebles; con el propósito añadido de frenar el creciente número de edificios que alcanzan un estado ruinoso, en muchos casos por inacción de sus propietarios.

El Ayuntamiento introdujo la herramienta de la inspección obligatoria en el Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS); si bien, ante las críticas que ha suscitado el documento, pendiente de revisión, a instancias de IU, el Gobierno municipal socialista optó por abordar la redacción de una ordenanza específica para aplicar la ITE, en el objetivo de que las inspecciones comenzaran ya en 2012.

El concejal de Urbanismo, José Llorente, asegura que el censo o padrón de los primeros edificios que deberán someterse a revisión —los construidos antes de 1972— será publicado en apenas un mes. Los técnicos de Urbanismo trabajan con la premisa de que la ordenanza se comenzará a aplicar a partir del 1 de enero de 2012.

A falta de concretar este listado, Llorente calcula que en la ciudad de Segovia existen unas 21.000 viviendas, de las que el 50% fueron construídas antes de 1960. De acuerdo con el concejal de Urbanismo, existen algo más de 12.000 viviendas construídas antes de 1972 que deberán someterse a esta inspección obligatoria. En suma, Urbanismo calcula que son unos 3.500 edificios, tanto de viviendas, como de administraciones públicas o industrias que deberán pasar la inspección. De estos inmuebles, 900 contarían con algún tipo de protección en el PEAHIS, pendiente de aprobación.

Según estima Llorente, el primer listado de inmuebles que publicará el Ayuntamiento para ser ser inspeccionados en 2012 lo integrarán entre 380 y 400 inmuebles, de los que unos 250 estarían ya “catalogados” —con niveles de protección—, un centenar incluídos en áreas de rehabilitación integral (ARI), caso de los inmuebles de San José, y el resto serían edificios no afectados por ninguno de los condicionantes anteriores; es decir, que simplemente tengan una antigüedad de 40 años o más.

En opinión de Llorente, el volumen de edificios que tienen que ser revisados en Segovia “es alto” en comparación con el tamaño de la ciudad, aunque, a su juicio, el estado general de buena parte de ellos es “relativamente bueno”, dada la calidad constructiva que atesoran muchos inmuebles, como los situados en Ezequiel González o Conde Sepúlveda.

La primera revisión de un edificio se producirá cuando cumpla los 40 años de antigüedad —dentro del año natural siguiente al de cumplimiento— mientras que las sucesivas revisiones obligatorias se producirán cada diez años.

Serán las comunidades de vecinos o propietarios individuales de los edificios incluidos en las listas que el Ayuntamiento publicará anualmente quienes deberán encargar un informe técnico sobre el estado del inmueble. Será un informe que deberá estar visado por profesionales —arquitectos, aparejadores y, en su caso, ingenieros— y que deberán presentar posteriormente al Ayuntamiento. Serán después los técnicos municipales quienes inspeccionen el inmueble y emitan el correspondiente informe, que, en su caso, obligará al propietario a acometer las reformas que sean precisas.

Una vez que el Ayuntamiento establezca las posibles ‘deficiencias’ del edificio, los propietarios contarán con un año para solucionar todos los problemas que atesore el edificio. Llorente asegura que los técnicos pondrán especial celo en supervisar la situación estructural de los inmuebles. “Es lo que más nos preocupa”, afirma el concejal. El Ayuntamiento podría obligar a los propietarios a ejecutar reformas diversas, desde consolidar estructuras, por motivos de seguridad, hasta arreglar el tejado o pintar la fachada, para lo que se establecerán las oportunas líneas de subvención.

El concejal aventura que habrá muchos inmuebles donde no será necesario hacer grandes reformas. En este sentido, toma como ejemplo la ciudad de Salamanca, donde las obras de reforma han sido impuestas al 50% de los edificios que han sido sometidos a revisión.

Por otra parte, Llorente destacó que en las ciudades donde ya está implantada la ITE, como Madrid o Sevilla, se ha observado como estas obras de mantenimiento de edificios han supuesto una fuente de trabajo al sector de la construcción, uno de los más golpeados por la crisis económica. “Van a trabajar más los profesionales, desde los arquitectos hasta los trabajadores de la construcción, es una forma de dinamizar el sector”, dice.