La Diputación se adapta a la nueva normativa sobre protección de menores

Los empleados que trabajen habitualmente con menores deberán presentar un certificado de antecedentes penales

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La Diputación Provincial ya está trabajando en la adaptación de su personal a la modificación de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia aprobada en junio del año pasado, que exige un certificado de antecedentes penales a todos aquellos empleados que trabajan habitualmente con menores. En este sentido, la normativa establece que “será requisito para el acceso y ejercicio a a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales (Ministerio de Justicia)”.

El debate surgió en el último pleno provincial, en el turno de ruegos y preguntas, cuando la diputada socialista Yolanda Torrego demandó información al diputado del Área de Bienestar Social, Miguel Ángel de Vicente, sobre el tema, recordándole que varios centros dependientes de la Diputación Provincial trabajan habitualmente con menores.

Miguel Ángel de Vicente explicó entonces que la modificación de la ley entrará en vigor el próximo mes de octubre. Mientras, la institución se va adaptando a la nueva normativa, para lo que ya se han dado instrucciones para que el personal se dote de ese certificado mencionado. “Para facilitar ese proceso hemos pedido los roles al Ministerio de Justicia, y así poder ayudar a los empleados que necesitarán ese certificado. Además, está previsto establecer en las bases de próximas convocatorias de empleo la modificación que fija la normativa”, señaló el diputado del Área.

De Vicente añadió que también se está informando a los ayuntamientos sobre esa modificación, para que estén al tanto y puedan adaptarse. De hecho, la Diputación tiene previsto editar una circular sobre el tema que remitirán a lo largo de este mes a los ayuntamientos.

El certificado de antecedentes penales es un documento gubernamental que expide el Ministerio de Justicia, donde se acredita que el solicitante ha sido condenado en una sentencia por un delito cometido. También informa, en su caso, si se le ha privado de libertad y que ha cumplido o no la condena y, si es así, el régimen de libertad de que dispone.

El objetivo de la modificación aprobada en junio es introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y a la adolescencia que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el Estado, como referencia también para las comunidades autónomas.