Javier Reguera, a su llegada ayer al Palacio de Justicia, para ser interrogado en calidad de testigo, acompañado de Rafael Ruiz. / kamarero
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El presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera, justificó con rotundidad el motivo del proceso judicial por el que se sienta en el banquillo la cúpula de Caja Segovia. Según dijo, la Fundación, que es la entidad heredera de Caja Segovia, no está haciendo otra cosa que cumplir el acuerdo adoptado por el último Consejo de Administración de la entidad, que fue personarse como perjudicada en el juicio de las prejubilaciones.

Así se acordó en la reunión del 14 de noviembre de 2012. Pocas semanas después, en diciembre de ese año, se constituyó, por Ley, la Fundación Caja Segovia, que hoy se sienta como acusación particular contra quienes dirigieron la entidad de ahorro en su última etapa.

La Fundación mantiene que el equipo directivo se aseguró unas cantidades económicas para su prejubilación excesivamente altas. Reguera contestó así a preguntas de las defensas. En un tono casi de enojo, el presidente de la Fundación afirmó que las pólizas de seguros que se suscribieron con Caser “no eran normales”. “Debían haberse hecho para Caja Segovia, pero se hicieron para personas concretas”. Reguera fue más allá y afirmó que fue “una manera de sacar patrimonio” antes de que se produjera la desaparición de la entidad de ahorro.

En esta línea consideró que en el Consejo de Administración de diciembre de 2010, el equipo directivo “no cumplió con su función” y no mantuvo la “lealtad” debida “porque no informó de la trascendencia” de esa decisión de aprobar las prejubilaciones.

Ante sus rotundas manifestaciones, los letrados de las defensas dequisieron rebatir sus argumentos, pero Reguera insistió: “En diciembre de 2010, Caja Segovia era autónoma, pero se vio mermada” de ese patrimonio que se fue para las prejubilaciones.

Ejemplo a seguir. Apuntó que los directivos podían haberse acogido al ERE de BFA-Bankia, como ocurrió en otras entidades de ahorro, “pero los directivos de Segovia no quisieron pasar a Bankia porque las condiciones eran peores”. Puso el ejemplo del director general de Caja Ávila, entre otros, que renunciaron a prejubilarse en su entidad, y pasaron a Bankia.
De este modo la Fundación, que maneja un presupuesto de 750.000 euros anuales, tiene hoy menos recursos de los que le corresponden, entiende Reguera. Y apostilló que por este motivo han tenido que prescindir de parte del personal que le fue asignado. De quince personas de plantilla ha pasado a quedarse con seis.

Reguera cerró el turno de testigos interrogados por la mañana. Antes intervinieron el empresario Juan Manuel de la Puente, que dimitió del Consejo por incompatibilidad con su actividad; Rosario Díez, hasta hace poco presidenta de Cáritas; o Jesús Pastor, exalcalde de Bernardos. Todos aseguraron que tenían confianza plena en el equipo directivo.

Sobre el modo en que se celebraban las reuniones de los órganos de Gobierno, Jesús Pastor aclaró que, aunque se celebraban simultáneamente consejos de administración y comisiones de control, los miembros de éstas se retiraban a una sala contigua cuando se aprobaban los asuntos en el primero; y el contenido se lo trasladaban oralmente, respondió Pastor a preguntas del magistrado.

Los testigos que comparecieron ayer y tuvieron a Dolores Romero como compañera en el Consejo negaron que ella hubiera sufrido discriminación o maltrato en los consejos, respondiendo así a Fernando Polo y a Joaquín Rodríguez, dos de los abogados de las defensas, para tratar de probar que no hubo transparencia informativa por parte del equipo directivo de Caja Segovia.

Arahuetes: “Dimití del Consejo por el oscurantismo y falta de transparencia”

El exalcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, explicó ayer que la falta de transparencia y el oscurantismo en el Consejo de Administración de Caja Segovia le llevaron a dimitir en noviembre de 2011. Arahuetes, que compareció ayer en calidad de testigo, dijo a su salida del juicio, que había definido al consejo de administración de la Caja como una «logia masónica» y lo mantiene.

Se preguntó cómo pasó Caja Segovia de tener un beneficio anual de «30 ó 40 millones de euros» a una deuda de 20.000 millones, dos años después de integrarse en Bankia. «Aquí alguien ha engañado a alguien», afirmó.

Al igual que otros antiguos consejeros que han declarado como testigos, el exalcalde señaló que hasta 2011, en que se publicó en prensa la información, no se había hablado en ningún momento de las cantidades, ni de lo que supondrían para la Caja las prejubilaciones de los directivos.

Sanz Vitorio:“ Fue un perjuicio para la entidad, no económico, pero sí reputacional”

El procurador regional insiste en que se quedó “solo” al defender
una integración con otras cajas regionales antes que con Caja Madrid

“Caja Segovia era una entidad solvente y bien gestionada”, aseguró ayer el procurador en Cortes, Juan José Sanz Vitorio, en el juicio por las prejubilaciones del equipo directivo. Pero también insistió en que debía integrarse con otras, no sólo para cumplir el mandato, sino para afrontar el panorama de futuro que se avecinaba.

En un discurso políticamente correcto se movió la declaración del exconsejero. Por un lado afirmó que el plan de prejubilaciones del equipo directivo “no supuso un perjuicio económico para la entidad”, pero sí “reputacional”, con daño a la “imagen y a la marca”. Y a su vez, había pedido por escrito, en noviembre de 2011, un informe para estudiar la viabilidad de «reconsiderar» las prejubilaciones de los directivos porque «derechos adquiridos totalmente legales en un momento deben ser materializados en un contexto radicalmente diferente». También remarcó que nunca tuvo interés en conocer lo que cobraba cada uno de los directivos.

Reconoció que la difusión de las cifras de las prejubilaciones crearon cierta “alarma social”. Y que todas las entidades de ahorro sufrían en ese momento un notable “desprestigio”.
Por otro lado, alabó la disposición de empleados y directivos de Caja Segovia para facilitarle información “incluso en domingo”, y que nunca se le ocultó ni encontró problemas para ello.

Su interés documental estaba en el modelo de integración que entonces se gestaba. Él siempre fue contrario a la integración en Caja Madrid. Fracasaron todos sus intentos, que eran los del Gobierno regional: primero el modelo de crear una caja nueva regional, luego integrar a Caja Segovia en Banca Cívica, y por último el de Caja Madrid. Recordó que se quedó sólo en sus intentos: “Debí explicarme mal, porque nadie me apoyó”.

FALSO TESTIMONIO La jornada se cerró por la tarde con la declaración de los acusados a título lucrativo, entre ellos, el exdirector en funciones en 2011, Miguel Ángel Sánchez Plaza, quien advirtió de que dos miembros del Consejo de Administración interrogados, Dolores Romero y Fidel García, podrían haber prestado «falso testimonio», al afirmar que este director les habían pedido «un acto de fe» para creer que las condiciones de prejubilación de los directivos eran similares a las del resto de empleados.

El Tribunal rechaza como prueba un informe de las ayudas dadas por el FROB

El Tribunal que juzga el caso de las prejubilaciones en Caja Segovia rechazó la petición del abogado de la acusación particular de incluir como prueba un informe en el que se detallan las ayudas públicas recibidas por BFA-Bankia y que, según este documento, un total de 121 millones correspondían a Caja Segovia.

A esta petición del abogado de la Fundación Caja Segovia, Rafael Iturriaga, se unió la del otro letrado, Alberto López Villa, que representa a IU, acusación popular.

Según dijeron los abogados, en este informe se detalla la ayuda global que recibió BFA-Bankia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque quien fuera director general de Caja Segovia, Manuel Escribano, uno de los acusados, la entidad segoviana no recibió ninguna ayuda.

El magistrado que preside la Sala atendió las peticiones que realizaron tanto el Ministerio Fiscal como los abogados de las defensas, que solicitaron que no se admitiera dicho informe por entender que responde a un «oportunismo procesal» y «vulnerar el derecho de defensa», dado que se trata de un documento que debía haberse aportado antes, como tarde el día de las cuestiones previas (22 de enero de 2019), pues dicho informe es del 22 de marzo de 2013. Además aseguran las defensas que ya consta en el sumario otro informe del Banco de España en el que se aclara que Caja Segovia no recibió ninguna ayuda pública.

El Tribunal sí aceptó en cambio la petición que hicieron las defensas a la Fundación Caja Segovia y que ésta no ha aportado aún. Se trata de todas las actas relativas a sus reuniones y documentos relacionados con su actividad. El presidente de la Fundación y el abogado señalaron que no lo habían hecho porque se trata de una documentación muy extensa, con datos personales, y donde además figuran informes de otro litigio judicial, como es el del caso del Torreón de Lozoya que aún se encuentra en proceso de tramitación en los Tribunales.