Las obras, a la espera de una solución./KAMARERO
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En el barrio de Ciudad y Tierra de Segovia, la estructura de hormigón de lo que será el futuro edificio judicial destinado a albergar las sedes de todos los distintos juzgados de la capital deja patente el estado de incertidumbre sobre un proyecto pendiente de que los procesos concursales en los que las empresas adjudicatarias se han visto inmersos se resuelvan lo antes posible.

Mientras tanto, la Administración de Justicia en Segovia sigue manteniendo una excesiva precariedad de infraestructuras, tal y como hace constar en el informe anual que la Audiencia Provincial remite al TSJ de Castilla y León para analizar y evaluar las carencias y necesidades en su trabajo, al igual que lo hacen sus homólogas en la región.

El informe, rubricado por el magistrado presidente de la Audiencia Provincial Ignacio Pando Echevarría, no deja lugar a dudas en cuanto a la “urgente necesidad” –como así califica el propio texto- de que Segovia cuente con una sede judicial acorde a las características y a la carga de trabajo que soporta. Así, el magistrado asegura que el retraso motivado por los problemas jurídicos en la contratación de las obras originará “nuevas dilaciones añadidas” a la conclusión de las obras –inicialmente prevista para 2020-, por lo que en su opinión “hacer constar previsibles plazos de conclusión de la obra se antoja una quimera”.

Así, la situación de “dispersión e insuficiencia” de las sedes judiciales en la capital se agrava con la puesta en marcha del juzgado de lo Penal de refuerzo, que obligó en enero de 2018 a acondicionar nuevas dependencias.

El relato del juez Pando pone de manifiesto las carencias de este espacio acondicionado en la planta superior del edificio donde se ubica el Juzgado de lo Penal “en el que se han habilitado dos microdespachos y una pequeña sala para celebrare los juicios que no reúne las condiciones necesarias de seguridad para dicha función, pues obliga a los intervinentes a permanecer en una íntima proximidad sin poder establecer circuitos separados de acceso para acusados y víctimas, que deben compartir en el pasillo la espera hasta que son llamados”.

Por ello, recomienda “una más adecuada ubicación del juzgado de lo Penal de refuerzo” hasta que se concrete el nuevo edificio.

Por otra parte, el actual Palacio de Justicia – que alberga la Audiencia Provincial, la Fiscalia y  cuatro juzgados de primera instancia e instrucción así como dependencias forenses “carece de funcionalidad,  resulta de difícil acceso para la circulación rodada y tampoco permite mayor aprovechamiento”,  y hace hincapié en que las dos salas de vistas son insuficientes para los cinco órganos judiciales, ya que además de la jurisdicción penal, también tienen que albergar las de índole civil “cuyo número y dedicación horaria supera ampliamente tan limitada disponibilidad”.

Otra de las necesidades señaladas en el informe de la Audiencia es la creación de un segundo juzgado de lo Penal, ya que el número de registro de casos en el existente supera ya el límite máximo, con 424 casos en 2018, aunque en años anteriores se han llegado a alcanzar hasta los 582, tal y como ocurrió en 2014.

De igual modo, reclaman la creación de una cuarta plaza de magistrado, aunque precisa que esta no es “una necesidad perentoria, ya que actualmente está cubierta con un magistrado adscrito, pero no deja de ser una situación provisional que exige una solución definitiva”. Para justificar esta petición, la audiencia argumenta el incremento en el número de registro, con una carga de trabajo de 432 casos por magistrado frente a la media aprobada para las secciones mixtas de 260 asuntos. De este modo, considera oportuno que la actual adscripción provisional se convierta en definitiva consolidando esta plaza.

Para mejorar la administración de Justicia en la provincia, la Audiencia sugiere la especialización en materia de familia de alguno de los juzgados mixtos de la ciudad, así como la creación de un equipo psicosocial específico para estos asuntos. En esta última cuestión, el magistrado hace constar las “limitaciones” a la hora de la práctica de pericias psicosociales, ya que los adscritos a violencia sobre la mujer y al juzgado de menores “resultan insuficientes para atender también a los informes que solicitan el resto de juzgados y la propia audiencia”. Además, considera “especialmente relevante” esta necesidad “sobre todo cuando hay que decidir sobre asuntos como la custodia compartida”, por lo que recomienda la creación de un equipo psicosocial específico para familia.

 

Precariedades y ausencias en los
medios tecnológicos

La incorporación de la gestión digital de los expedientes por jueces y magistrados a través del portafirmas y el visor de expediente no ha mejorado la anterior situacion, ya que su uso supone “una pérdida de tiempo tanto en el proceso de la firma como en el del examen del expediente judicial”. En el informe, el magistrado señala que en el caso de las diligencias penales se hace muy dificil manejar atestados policiales de gran tamaño cuya apertura hacen que “el sistema se ralentice de forma desesperante hasta conseguir abrirlo”.
Por otra parte, señalan las deficiencias en las grabaciones de los juicios y en las videoconferencias. y asegura que “no son infrecuentes las grabaciones de juicios defectuosas en las que en ocasiones no se oye bien al juez o a alguna de las partes, y que aún se produce con mayor frecuencia en el caso de las videoconferencias. Por otra parte, la Audiencia Provincial considera conveniente contar con un sistema de videoconferencia más, para una adecuada planificación de su uso.

Más seguridad para las distintas
sedes judiciales

La dispersión de las sedes judiciales y la limitación presupuestaria hacen que la seguridad sea un problema latente que desde la Audiencia Provincial reclama una solución para evitar cualquier tipo de contingencias. En el informe, se especfica que la única que cuenta con medidas de seguridad es el Palacio de Justicia, que cuenta con un arco detector y una ruta deentrada específica para el público, además de un agente de la GuardiaCivil y dos de seguridad privada en la parte central del horario de mañana y uno sólo de 8,00 a 15.00 así como otro por las tardes cuando alguno de los juzgados que tienen sus oficinas en este edificio están de guardia. También hay seguridad privada en el Juzgado de lo Penal y en el número 6, pero en el resto de las sedes judiciales no existe medida de seguridad, al igual que en los de los otros tres partidos judiciales. La instalación de cámaras de seguridad en Sepúlveda, Cuéllar y Santa María es la solución que se ha dado como medida disuasoria, pero se considera oportuno una solución definitiva.