La Audiencia absuelve a los acusados por las prejubilaciones de La Caja

El Tribunal dice que no consta que los directivos cometieran delitos societarios La entidad no recibió ayudas públicas y todos los años obtuvo resultados económicos positivos

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Imagen de una de las ocho sesiones que se han celebrado en la Audiencia Provincial el mes pasado. / kamarero
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La Audiencia Provincial ha absuelto a los once exdirectivos de Caja Segovia acusados de aprobar o beneficiarse de prejubilaciones por importe de 17 millones de euros. Estas cantidades fueron destinadas a los planes de jubilación poco antes de desaparecer Caja Segovia e integrarse en el Banco Financiero y de Ahorros (Bankia).

La sentencia absuelve libremente de los delitos de apropiación indebida y administración desleal al expresidente de la entidad, Atilano Soto; al ex director general, Manuel Escribano; al director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla; al ex secretario general, Antonio Luis Tapias; y a los vicepresidentes Manuel Agudíez, y Elena García Gil, respectivamente. También exonera de responsabilidad a Juan Bautista Magaña, Miguel Ángel Sánchez Plaza (director general adjunto), Óscar Varas de la Fuente (director de Riesgos), Juan Antonio Folgado Pascual (director de Planificación), y Malaquías del Pozo, a quienes les califica de beneficiarios a título lucrativo.

La acusación particular la ejercía la Fundación Caja Segovia; y la acusación popular, Izquierda Unida. Por su parte, la Fiscalía no apreció delitos, pese a que la actuación de los altos cargos podría parecer amoral. Distinto criterio había mantenido la Fiscalía en noviembre de 2013, cuando solicitó la imputación de los consejeros, pero que posteriormente decidió archivar la causa. También el sindicato sectorial de personal de banca, CIC, formó parte de la acusación, pero se retiró luego por motivos económicos, lo mismo que ocurrió antes con la formación política UPyD.

El Tribunal también absuelve a la compañía aseguradora Caser de la pretensión civil ejercitada por las acusaciones, como responsable subsidiaria.

En cuanto a las costas, la Audiencia las declara de oficio salvo las causadas a Juan Bautista Magaña Busutil, las cuales se imponen expresamente a la Fundación Caja Segovia.
El resultado del fallo judicial llenó de satisfacción a los acusados, algunos de los cuales reconocieron que esperaban este resultado.

El Tribunal, formado por los magistrados José Miguel García Moreno, Asunción Remírez Sáinz de Murieta y Álvaro Miguel de Aza, ha analizado los extensos informes y lo aportado en las ocho sesiones de juicio oral en el que intervinieron más de 40 testigos, en su mayoría antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia.

El fallo hace hincapié en «el principio de presunción de inocencia de los acusados”, y subraya que no ha sido debidamente enervado en el presente caso y se mantiene incólume, todo lo cual impone a un fallo de contenido absolutorio”. En sus fundamentos jurídicos, el Tribunal recuerda que en las fechas de los respectivos ceses de los directivos no existían normas jurídicas vinculantes que pudieran limitar sus retribuciones, al tiempo que ”no ha sido ofrecida ninguna prueba de la que se desprenda que sus respectivos importes fueran ilegales o alegales, ni siquiera desproporcionados en relación con las retribuciones de los directivos de otras entidades de similar volumen”.

Balances positivos

Recuerdan los magistrados que las cuentas anuales de Caja Segovia presentaban siempre beneficios. De este modo, ”si las remuneraciones de los directivos pudieran parecer elevadas en todo caso no recompensarían fallos, y no parece que contrariaran las políticas contenidas en la Recomendación de la Comisión Europea”, sin olvidar que los balances de la entidad permitían tales retribuciones.

Así mismo la sentencia recalca que no se ha ofrecido prueba alguna de que Caja Segovia recibiera ayudas públicas antes de su integración en Bankia, como habían argumentado las acusaciones.

Subraya la sentencia un aspecto sobre el que la acusación particular tomó mucho empeño: las modificaciones del Plan de Prejubilaciones para los directivos en los años 2008 y 2010. El Tribunal matiza que en ambas fechas fueron aprobadas por el Consejo de Administración de Caja Segovia, cuyos miembros reconocieron que los acuerdos se adoptaban mayoritariamente por asentimiento y que tenían la información a su disposición con carácter previo, ”por lo que ninguna prueba ha sido ofrecida de la que se desprenda que se les ocultara deliberadamente información o que se les facilitara de modo intencionado información sesgada”.

El fallo absolutorio también lo fundamenta la Sala en que ni la acusación particular ni la popular han ofrecido pruebas que acredite que, acogiéndose a la prejubilación de directivos conforme al Plan de 2006 con sus modificaciones de 2008 y 2010, los acusados percibieron mayor cantidad que la que hubieran percibido en otro caso. “Es decir, si el escándalo en su día producido con motivo de las prejubilaciones de los directivos estuvo motivado por lo que se consideró elevada cuantía de aquellas, no consta que su concreto importe traiga causa de los acuerdos puestos en tela de juicio, derivando más bien de las retribuciones que venían percibiendo los directivos, y que constituían la base sobre la que aplicar el porcentaje para cálculo de su prejubilación, del 74,7%”. Dicho porcentaje “era conocido por todos los consejeros y era igual que el que venía siendo aplicado para el resto de empleados que se habían prejubilado, de ahí que ”no se pueda concluir que las modificaciones al Plan de 2006 fueran fruto de una actuación preconcebida de los acusados para, con abuso de sus funciones, obtener alguno de ellos y propiciar, a los otros, un beneficio injustificado y en perjuicio de la entidad”, recoge el fallo judicial.

Por si fuera poco, el Tribunal indica que en este caso, los acusados no ejecutaron “inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal con respecto al dinero de la entidad que administraban, ni siquiera puede afirmarse que incurrieran en excesos de sus facultades de administración ni en actos de abuso en el ejercicio de sus competencias”.
Estas modificaciones de los planes de jubilación, aprobadas el 20 de noviembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2010 respecto del Plan de Prejubilaciones para directivos aprobado por Caja Segovia el 16 de enero de 2006, vinculado directamente al Plan Estratégico de la entidad a desarrollar durante el periodo de 2007 a 2011, “responde a la circunstancia de que dicha estrategia había quedado vacía de contenido efectivo tras el inicio de proceso de integración bancaria en el que se vio directamente involucrada Caja Segovia”, argumenta el Tribunal en la sentencia.

Por ello tales modificaciones “se ajustaron plenamente al procedimiento regular aplicable en ese momento, hasta el punto de resultar aprobados con el acuerdo unánime de todas las personas integrantes de la Comisión de Retribuciones y del Consejo de Administración de Caja Segovia”.

Prejubilaciones para todos

El sumario del caso de las retribuciones revela que en Caja Segovia se venían realizando prejubilaciones para todo el personal desde 1996, siempre aprobadas por el Consejo de Administración para un concreto periodo, hasta 2008 en que se produjeron las últimas prejubilaciones. En ese año se aplicaron unas condiciones económicas del 80% del salario pensionado y del 50% de los conceptos extraconvenio. Antes de 2006 se aplicaban las prejubilaciones para todos sus empleados que contaran 53 años y lo solicitaran, aplicándose un porcentaje del 74,7% del salario medio bruto del último año. Para asegurar las prejubilaciones era habitual externalizarlas mediante una póliza de seguro. Hasta 2006 hubo 148 prejubilaciones. Pero para los directivos se aprobó ese año un plan especial “para asegurar la permanencia de aquéllos en la entidad durante el Plan Estratégico. Pero meses después se consideró que con la integración en Bankia no tenía sentido la permanencia de los directivos y se adelantó su salida sin terminar dicho Plan Estratégico.

La Fundación Caja Segovia acata la sentencia y estudiará si recurre al Tribunal Supremo

La Fundación Caja Segovia, que representa la acusación particular del caso de las prejubilaciones, indicó ayer que acata la sentencia y que estudiará en los próximos días si recurre ante el Supremo o no. Tanto el abogado representante de la Fundación, Rafael Iturriaga, como el presidente de la entidad, Javier Reguera, reconocieron no haber estudiado aún el contenido de la sentencia de la Audiencia. Anunciaron que en los próximos días mantendrán una reunión del Patronato para tomar una decisión al respecto.

“Sabíamos que el asunto no era sencillo y que son muchas las peticiones y muy distintas. Nosotros, como no puede ser de otra manera”, acatamos la sentencia. En los próximos días tomaremos una decisión”, afirmó Reguera.

Precisamente Javier Reguera fue uno de los testigos que pasaron por este juicio. En él expresó, a preguntas de los abogados, que la Fundación llevó a cabo un mandato del propio Consejo de Administración. Fue en octubre de 2012 cuando el Consejo lo presidía Rafael Encinas y el secretario era Fernando Tapias, momento en que se adoptó el acuerdo de pedir a los anteriores directivos de la entidad que devolvieran las cantidades “llamativas y quizás excesivas”.

Soto: «Siento satisfacción, pero ha sido un proceso largo y de enorme impacto»

El expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto Rábanos, expresó ayer su satisfacción por la sentencia que le absuelve, junto al resto de directivos, tanto los que recibieron las prejubilaciones, como los que, como él, sólo las dieron su aprobación.

Sin ocultar que todo el juicio le ha supuesto un “gran impacto emocional”, también indicó que la “calidad de vida de una persona en esta situación disminuye de forma notable”.
Asimismo afirmó que descansa un poco tras “una presión mediática” y de tener que soportar “ciertos comentarios de difamación” sobre lo que consideró un “largo proceso” judicial y que, bajo su criterio, “no tenía fundamento, como ha demostrado la sentencia”.

“He sufrido un impacto muy severo”, insistió Atilano Soto, que fue el presidente de Caja Segovia hasta casi su desaparición. Al igual que había manifestado en el juicio, mostró su confianza en el equipo directivo “y en todos los empleados, que han sido excelentes, logrando beneficios para La Caja incluso en épocas de crisis”. Aún así no ocultó sentirse decepcionado por algunas personas de su entorno: “Lamento que gente que he tenido cerca y con la que siento que hemos trabajado juntos se hayan inventado algunas cosas”, explicó sin dar nombres concretos.

Tovar: “Se ha estado jugando con la fama de la gente sin practicar ninguna diligencia”

El abogado de algunos de los acusados, Jesús Tovar, recordó ayer, tras conocerse la sentencia, que el fallo de la Audiencia Provincial es ““justo y que “manifiesta la realidad de los hechos”.

Según su opinión no se han acreditado las acusaciones formuladas por la Fundación Caja Segovia ni por Izquierda Unida en el juicio. Además indicó que en la fase de instrucción no se han practicado diligencias que demuestren las acusaciones que —recordó— llegaron desde un escrito anónimo.

Por todo ello consideró que es del todo “inmoral que desde el año 2012 se haya estado jugando con la fama de la gente sin practicar ninguna diligencia durante la fase de instrucción”. Según el letrado, la Fundación Caja Segovia ha estado esperando a ver lo que hacía la Fiscalía y el partido UPyD —que luego se retiró— para actuar sin tener en cuenta la repercusión que este juicio estaba teniendo para los imputados.

Según su opinión, la Fundación Caja Segovia decidirá no recurrir ante el Supremo. Lo contrario piensa sobre la acusación popular, IU, de la que dijo que aprovechará que estamos en campaña electoral para promocionarse. “Con el crowfounding que ha promovido quieren aprovechar el tiempo de elecciones”.

Sobre este particular, el portavoz municipal de IU, Ángel Galindo, señaló en declaraciones a la emisora Radio Segovia, que estudiarán la sentencia antes de decidir si recurren; pero sobre todo porque “después de tanto tiempo, ahora no vamos a dejar de seguir trabajando como hemos venido haciendo”. “Creo que era nuestra obligación el luchar por los intereses de los segovianos e intentar que quienes se beneficiaron de jubilaciones millonarias devuelvan ese dinero”, dijo Galindo.